Redacción
Chilpancingo, Gro. 07-Julio-2019
Alejandra Mateos, quién en abril del año pasado fue víctima de un intento de feminicidio por parte de su ex pareja, Víctor Manuel Enríquez Lezama, solicitó ayuda del gobernador, Héctor Astudillo Flores, porque por irregularidades en el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado (FGE), su caso sigue impune.
En conferencia de prensa la víctima denunció malas prácticas del juez, Edgardo Mendoza Falcón, y dos agentes del Ministerio Público, situación que, afirmó, la ha revictimizado, además de que la coloca en una situación de vulnerabilidad.
La madrugada del 8 de abril de 2018, Víctor Manuel -trabajador del contralor interno Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), Enrique Justo Bautista- golpeó, torturó y estranguló a Alejandra hasta dejarla inconsciente.
La víctima dijo que, tras la agresión, Enríquez Lezama se escondió un tiempo en el municipio de Azoyú, de donde es originario el contralor del IEPC.
Desde entonces aseguró que las autoridades que han participado en la investigación de su caso han incurrido irregularidades.
De inicio, comentó que la ministerio público, Noemí Castro Ángel, reconoció sólo los delitos de lesiones, amenazas, daños y robo, pese a que se trató de un intento de feminicidio.
Además dijo que se negó a integrar su carpeta de investigación argumentando que no estaba casada con el agresor; también redactó su testimonio minimizando los hechos, incluso modificándolos, para finalmente declararse incompetente y remitir la carpeta a la Agencia de Bravos.
En esa segunda instancia, el Ministerio Público, Pedro Araujo Leónides, reclasificó los delitos a tentativa de homicidio, lesiones, daños y robo, sin embargo la víctima insiste en que debió declarar tentativa de feminicidio, violencia de género, lesiones, daños y robo.
Alejandra Mateos dijo que Pedro Araujo se negó a reconocer el intento de feminicidio argumentando que éste aplica sólo cuando un tercero detiene a su agresor; además el juez le insistió en tratar de conciliar con su ex pareja.
Denunció que transcurrieron 10 meses para que se judicializara su carpeta de investigación y vincularan a proceso a Víctor Manuel Enríquez.
Aunado a ello, explicó que el juez pospuso en cinco ocasiones la audiencia intermedia para continuar con el proceso judicial, utilizando como pretexto cuestiones personales.
También en dos ocasiones se suspendió la audiencia porque su agresor se reportó enfermo, situación que fue consentida por el juez sin confirmar que realmente tuviera algún padecimiento.
De igual forma acusó al IEPC de encubrir a su agresor, pues el órgano electoral, que preside Nazarín Vargas Armenta, negó en un primer momento que estuviera trabajando ahí.
Por esta razón Alejandra Mateos llamó al gobernador, Héctor Astudillo, a que intervenga para que le garanticen acceso a la justicia. Al titular del Poder Judicial, Alberto López Celis, le demandó que le asigne un juez que no favorezca a su agresor y juzgue con perspectiva de género.
Finalmente responsabilizo al fiscal del estado, Jorge Zuriel de los Santos, de cualquier atentado en su contra o su familia, ya que desde hace meses ha ignorado su denuncia y permitido que sus agentes del Ministerio Público mantengan libre a su agresor.