Alina Navarrete Fernández
Tlapa. 10-Agosto-2019.
Los militares del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala rendirán su declaración sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fueron desaparecidos de manera forzada 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, así lo informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.
Dijo que uno de los avances más significativos en la investigación, es que la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa ya se reunió con los mandos a cargo del 27 Batallón de Infantería y “tenemos a disposición a todos los elementos que estuvieron (en Iguala) en esas fechas” para que rindan su declaración; además se cuentan con las bitácoras y expedientes necesarios con los que se determinará el papel del Ejército en el caso.
Encinas Rodríguez acudió a las actividades que se llevaron a cabo este sábado en Tlapa con motivo del 25 aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y participó en la conferencia magistral: ¿Cómo implementar acciones eficaces para que la justicia llegue? La cual fue moderada por el abogado Vidulfo Rosales Sierra y también contó con la participación de padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.
Al inicio de su intervención, Encinas Rodríguez celebró que las actividades del aniversario del Centro se llevaran a cabo en Tlapa, pues en la Montaña de Guerrero se desarrolló un movimiento de resistencia en la época de la Guerra Sucia; también recordó que hace años tuvo la oportunidad de trabajar en la región al lado del maestro Othón Salazar Ramírez.
Recordó que la idea de crear la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa surgió en un encuentro informal entre los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos con el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, quien más tarde en su primer acto público como presidente dio a conocer el decreto con el que se formó la Comisión, el cual no tiene precedente en el país y mandata a todas las instituciones a abrir sus archivos y coadyuvar en la solución del caso.
“La única verdad en el caso de Ayotzinapa es que no hay verdad y tenemos que conocerla” expresó y aseguró que desde que se conformó la Comisión – en la que están representados los padres y madres de los jóvenes así como las autoridades – se han abierto más de 15 líneas de investigación y que algunas ya se siguieron aunque sin resultados positivos.
Resaltó que hay aspectos que se lograron en 6 meses que durante años no logró el anterior Gobierno federal que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto, como el análisis de las llamadas telefónicas que se generaron durante los primeros 6 días después de los hechos.
Dijo que a la fecha ya se investigaron 84 millones de llamadas, con lo que se pudo determinar de qué manera se dio la comunicación entre los actores que participaron en la masacre y la desaparición de los jóvenes, así como que éstos no fueron llevados a Cocula.
Destacó que “aún hay resistencias del pasado no por las autoridades actuales sino por la forma de los vínculos de los viejos tiempos con la actualidad”. Ejemplificó la participación del ex subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Gómez Arrieta, quien torturó a un implicado en el caso lo cual se comprobó mediante un video, y de manera inmediata obtuvo un amparo que impidió que fuera citado a declarar al respecto.
«Esto da cuenta de que el viejo régimen sigue obstaculizando la investigación y por ello se necesita del respaldo social para enfrentar las resistencias que vienen de lugares que no esperábamos”, indicó.
Relató que la Comisión también se reunió con el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero y el ex procurador del Iñaki Blanco Cabrera, así como con miembros del Estado Mayor. “Estamos recibiendo mucha información de testigos, de colaboradores, de anónimos” añadió.
También resaltó que la labor de la Comisión es realizar la búsqueda de los jóvenes con vida.
Dijo que también se trabajará para que las autoridades que actuaron con dolo y que participaron en los hechos sean castigadas, “espero que no haya impunidad alguna, lo que está en juego es acabar con el pasado político del país”.
Continuó: “No sólo se trata de los 43 sino también de los 40 mil desaparecidos, todos los familiares de las víctimas tienen derecho a conocer la verdad y el Estado tiene la obligación de garantizar ese derecho, lo que suceda con la Comisión es el punto de partida para esclarecer la violación de derechos en el país”.
Por último, llamó a los familiares de las víctimas a que “nos apoyen porque si queremos reivindicar los derechos tenemos que reconocer que sin las familias nada es posible y tenemos que caminar juntos para conocer la verdad en Ayotzinapa y rectificar el mundo de violaciones a derechos humanos”.
La participación de Encinas Rodríguez mereció los aplausos de los asistentes, pero también los padres y madres de familia de los normalistas le exigieron que se cumpla el objetivo de la Comisión y que el decreto que presentó López Obrador no termine siendo un simple papel firmado por el presidente, como en su momento les ocurrió con Peña Nieto.