Ángel Galeana
Chilpancingo, Gro. 4-Sep-2019
El subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, señaló que, tras la liberación de Gildardo López Astudillo, el Cabo Gil, se sienta precedente para que sean absueltas 50 personas más implicadas en el caso Ayotzinapa.
En la conferencia presidencial de esta mañana, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas, presentó un informe sobre los procesos judiciales del caso Ayotzinapa, a propósito de la liberación de quien fuera el presunto líder del cártel Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, al momento del ataque a los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014.
Recordó que López Astudillo fue liberado el 30 de agosto pasado por el juez primero de procesos penales federales de Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien dictó sentencia absolutoria determinando que no existían elementos para acreditar los delitos de secuestro y delincuencia organizada.
Dijo que de los 791 tomos que formaron parte de la averiguación previa solo se circunscribió a analizar 162, consideró que el Cabo Gil fue torturado a pesar de que se le realizó el protocolo de Estambul y se acreditó que no habían existido tal, aunque reconoció que no se hizo la prueba de audiometría.
“Este es un precedente muy grave, es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de la desaparición forzada. Lamentablemente no es el único caso, sino que además de sentar precedente para que ese pueda establecer sentencia absolutoria a los demás implicados, viene a fortalecer una tendencia que ya se había registrado con la libertad de otros detenidos en el caso Ayotzinapa”, indicó.
Alejandro Encinas indicó que La “Verdad Histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam fue construida para beneficiar a delincuentes y en contra de las víctimas, lo que ha provocado la liberación de 53 implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y el riesgo de que 50 más sean absueltos de delitos.
A casi cinco años de los hechos, Encinas señaló que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) realizó una investigación deficiente que ha derivado en la liberación de presuntos responsables.
“Decirlo con claridad: la mal llamada verdad histórica se construyó con base en la simulación, en la fabricación de pruebas, en la tortura en beneficio de los perpetradores y en contra del derecho de las víctimas habiendo elementos claros y suficientes para fincar y deslindar responsabilidades por los delitos cometidos. La actuación indebida de la autoridad judicial ha generado condiciones para que, con una muy laxa interpretación de la ley, se puedan retirar los cargos que se imputaron a los detenidos”, acusó el funcionario federal.
La recapitulación:
Alejandro Encinas recordó que, entre el 26 de septiembre del 2014 y el 30 de agosto del 2018 fueron consignadas 169 personas, de las cuales se detuvieron a 142.
De los detenidos, 55 fueron policías municipales de Iguala, 20 policías municipales de Cocula, y 67 civiles presuntos integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Los delitos de los acusados fueron principalmente delincuencia organizada, delitos previstos en la ley de armas de fuego y en la ley de secuestro. De los 142 detenidos, la PGR procesó a 70 personas por secuestro a los normalistas de Ayotzinapa.
El proceso judicial se había basado en 107 pruebas recabadas por distintas averiguaciones previas, de las cuales actualmente subsisten 44.
Las pruebas excluidas del caso fueron: dilatación indebida a la puesta a disposición, detenciones ilegales por falsa flagrancia, detenciones ilegales por ser ordenadas de forma irregular, tortura, casos de exceso en el cumplimiento de órdenes de presentación, violación a la defensa adecuada de los acusados, y la incomunicación.
“Esto se ha significado la liberación de 53 presuntos delincuentes de los 142 detenidos y, con el precedente de la libertad absolutoria de Gildardo López Astudillo, existen los elementos para que la autoridad judicial pueda liberar a otros 50 detenidos en el proceso”, comentó Encinas.
En este sentido, el gobierno federal exhortó a la Fiscalía General de la República para que reencause la investigación, subsane las omisiones, y permita una investigación diligente para poder deslindar las responsabilidades que se cometieron en la desaparición de los normalistas.
El caso del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, Encinas recordó que está preso por el homicidio de Arturo Hernández Cardona, y no “necesariamente” por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Las denuncias
Alejandro Encinas anunció que el gobierno federal interpondrá ante la Fiscalía General de la República y el Consejo de la Judicatura Federal los recursos legales correspondientes para que se inicie una investigación en contra de funcionarios, jueces y ministerios públicos para deslindar responsabilidades.
Detalló que en el momento que las autoridades correspondientes acrediten las violaciones al debido proceso en el caso de los detenidos, las fabricaciones y sembrado de pruebas en la formulación de la “verdad histórica”, las responsabilidades penales alcanzarán a todos los implicados, incluido Jesús Murillo Karam.
En el caso del juez Samuel Ventura Ramos dijo que “tendrá una gran interpretación de la ley”, por haber dictado la liberación de Gildardo López Astudillo, pero aseguró que no podrá explicar “el acto de injusticia”.