Carlos Navarrete Romero
Chilpancingo, Gro. 19-Septiembre-2019
Este jueves fue presentada en el Congreso local una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado, con la que se plantea sancionar hasta con 12 años de prisión a los responsables del desplazamiento forzado de personas en Guerrero.
La iniciativa fue propuesta ante el pleno por la diputada de Morena, Mariana García Guillén, quien en su exposición de motivos refirió que, desde 2006, 12 estados han registrado éxodos de personas.
Explicó que, de acuerdo con el Informe Global 2014 del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, la expansión de la violencia criminal, en particular las actividades de los grupos delictivos y las operaciones militares a gran escala implementados para combatirlos, han sido la causa del desplazamiento forzado, sumando a nivel nacional 160 mil personas víctimas de ese delito.
García Guillén dijo que el año pasado Guerrero representó el 44 por ciento de las víctimas a nivel nacional, convirtiéndose en el estado con mayor índice de ese delito.
Mencionó que en 2016 se registraron 29 episodios de desplazamiento masivo en el país, impactando en al menos 23 mil 169 personas de 12 entidades: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Explicó que de estos episodios 20 fueron causados de manera directa por la violencia; es decir que en 2016 al menos 21 mil 31 personas abandonaron su lugar de residencia de manera temporal o permanente con la intención de salvaguardar su vida a causa de la violencia.
En lo que respecta a Guerrero, expuso que en 2018 superó a Chiapas, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. De acuerdo a la información proporcionada por la legisladora, en la entidad cinco mil 56 personas provenientes de 22 comunidades de ocho municipios, tuvieron que abandonar sus hogares por agresiones de grupos delictivos.
Señaló que estos municipios son San Miguel Totolapan, Leonardo Bravo, Eduardo Neri, Zitlala, Apaxtla, Ajuchitlán del Progreso, Petatlán y La Unión.
“En ese contexto, resulta necesario emprender más acciones tendientes para proteger a todas estas personas que se les ha violentado sus derechos fundamentales. De lo anterior, queda suficientemente claro que las acciones que han emprendido tanto los gobiernos municipales como el gobierno del estado han sido insuficientes, puesto que han sido rebasados en su totalidad”.
Ante esa situación, propuso reformar el Código Penal del estado, a fin de proponer penas de entre seis y 12 años de prisión, y multas de 300 a 600 días de salario mínimo a quien de manera individual o colectiva ejerza violencia o cualquier otro método coactivo en contra de una o varias personas para que abandonen su lugar de residencia.