Vanessa Cuevas
Chilpancingo Gro; 25-Noviembre-2019
Integrantes de la Red de los Derechos por las Mujeres protestaron en el Congreso local en exigencia de que sea homologada la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), que elimina la exigencia de que la víctima de una violación sexual presente una denuncia ante el Ministerio Público y obtenga una autorización del mismo para interrumpir su embarazo.
Las organizaciones feministas criticaron que a meses desde que se emitió esa recomendación, el Congreso local aún no haya reformado el Código Penal del estado para que las mujeres que hayan quedado embarazadas tras una violación accedan a un aborto seguro y gratuito sin la obligación de presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
Por lo que demandaron al Poder legislativo que no se dejen presionar por grupos católicos o religiosos que se oponen a la progresividad de los derechos humanos de mujeres y niñas.
“Exigimos que reformen el Código Penal como se establece en la recomendación que emitió la federación; a la Secretaría de Salud que gire instrucciones a todos sus centros de salud y hospitales a que apliquen la NOM-046; y a la Fiscalía General del Estado (FGE) aumentar el número de personal adscrito a las Fiscalías de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales, así como revisar y dar seguimiento a las carpetas de investigación de mujeres consignadas por el delito de aborto”.
Las organizaciones expresaron que el contexto de violencia sexual y la criminalización de las mujeres que abortan en Guerrero son preocupantes.
En la conmemoración del día internacional de la no violencia contra la mujer, las feministas entregaron en Oficialía de Partes un documento en el que piden a los diputados que legislen a favor de las mujeres reformando el Código Penal para homologarlo con la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), que elimina la exigencia de que la víctima de una violación sexual presente una denuncia ante el Ministerio Público y obtenga una autorización del mismo para interrumpir su embarazo.
En entrevista, Emperatriz Basilio señaló que en México la criminalización, la persecución y el encarcelamiento de mujeres que interrumpen un embarazo, evidencian la discriminación y la falta de garantías para el ejercicio de las libertades individuales y de los derechos civiles.
Los colectivos manifestaron que el acceso a un aborto legal y seguro es un derecho que se debe garantizar en todas las entidades del país, por lo que los estados democráticos deben asumir “hoy más que nunca, la responsabilidad que tienen de gobernar para una sociedad diversa y plural”.