Personas desaparecidas y fosas clandestinas, una lacerante realidad

Hipólito Lugo Cortés. Tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es coordinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

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En esta semana se ha difundido información en diversos medios de comunicación relacionada con cifras sobre datos de personas desaparecidas, fosas clandestinas en las que se han localizado cuerpos humanos, así como aspectos relacionados con la incidencia delictiva en México.

La Secretaría de Gobernación por conducto del Subsecretario Alejandro Encinas refirió que a la fecha hay en total 61,637 personas desaparecidas en México, de las cuales el 97% son del año 2006 a la fecha, cifras que aún van a aumentar pues hay estados que no terminan de procesar esa información; que en ese periodo se denunciaron a 147,000 personas como no localizadas, de las que 5,103 fueron halladas muertas y 80,293 vivas.

Señaló que en el primer año de la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se reportaron 9,164 desaparecidos, de los que 43% fueron localizados, y que se realizaron labores de búsqueda en 519 sitios diferentes, labores de las que no escapó el estado de Guerrero y se identificaron 873 fosas, exhumándose 1,124 cuerpos, de los cuales 395 han sido identificados.

La desaparición de personas es considerada una violación múltiple a los derechos humanos, la cual afecta el derecho a la libertad personal, a la integridad personal, al debido proceso, a la protección judicial y presumiblemente el derecho a la vida.

A su vez, la desaparición forzada de personas es considerada una violación grave a los derechos humanos, y dependiendo el contexto en el que se cometa, se puede catalogar como un crimen de lesa humanidad.

De igual manera la desaparición de personas causa un enorme agravio a quien la padece, pero además se extiende a los familiares y amigos, cuando el paradero de los desaparecidos no se logra establecer, lo cual produce daño, dolor e incertidumbre perennes; con ese delito se ataca también a la sociedad, al destruir el sentimiento de protección que los individuos buscan dentro de un llamado Estado Democrático de Derecho, al ser conculcado su derecho a la seguridad jurídica, sin que se respeten las exigencias y formalidades previstas en el marco jurídico, siendo aún más grave el daño si es causado por actos positivos o de omisión de un servidor público que tiene la obligación de proteger a la sociedad.

No debemos descartar que la impunidad contribuye a la perpetración de estos crímenes y en nuestro país los delitos no castigados alcanzan un porcentaje por arriba del 95%, para ello hay que considerar que hay una llamada cifra negra de más del 90% de delitos que no se denuncian, y en consecuencia, no se investigan; del porcentaje restante, es decir, de los casos denunciados, una gran cantidad no se esclarecen, luego entonces se va cerrando el abanico de posibilidades de que un delito se investigue, llegue al tribunal y obtenga una sentencia condenatoria, aunado al déficit en el desempeño eficaz de las fiscalías.

La delincuencia debe combatirse desde sus causas generadoras, que al parecer ya forman parte de la Agenda gubernativa, no obstante los resultados aún no se reflejan; sin duda que para propiciar un avance en la sociedad es necesario impulsar aspectos relacionados con los valores humanos en la educación que se imparta en todos los niveles, y el sistema educativo nacional debe tener una mayor vinculación en el impulso de la formación en los valores para una relación humana digna, proceso en el cual también deben participar la familia y la sociedad.

De acuerdo con el Informe de Gobierno de Guerrero, el año pasado se iniciaron 20 mil 673 carpetas de investigación, de las cuales 1,328 fueron con personas detenidas, se judicializaron 876, dieron lugar a 457 autos de vinculación a proceso, se solicitaron 211 órdenes de aprehensión y se emitieron 145 sentencias condenatorias.

Ahora bien, dentro de los casos que se ubicaron dentro del sistema tradicional de justicia penal, los cuales ya son considerados rezago, se reportaron 34,999 averiguaciones previas prescritas, relacionadas con delitos menores, que abarcan del periodo comprendido del año 1990 al 2005, es decir, delitos denunciados que no fueron investigados a tiempo por el ministerio público y que ante la inacción y transcurso del tiempo ocasionó que se actualizara la prescripción o impedimento legal para poder llevar a los delincuentes ante el juez; en pocas palabras, fueron delitos denunciados que nunca serán castigados, impunidad pues; qué autoridad ética o moral pública tenemos para congratularnos de que el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública ubique a Guerrero a la baja a nivel nacional en incidencia delictiva, si la mayoría de los delitos no se denuncian; y, si los que se denuncian no se castigan.

Por todo ello, lamentablemente quedan distantes de alcanzarse esos pilares de la justicia transicional a los que alude Olga Sánchez Cordero titular de la SEGOB relativos a la verdad, acceso a la justicia, reparación del daño y mecanismos para garantizar la no repetición, frente a un contexto como el aquí expuesto.

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