Redacción/Chilpancingo
El gobierno de Guerrero reconoce a alrededor de 1 500 personas desplazadas por la violencia, entre ellas, los últimos grupos que salieron de localidades en el municipio de Zirándaro y de la comunidad de Zihuaquio, cifra que contrasta con la que afectados y autoridades municipales han informado.
En entrevista esta mañana en Chilpancingo, el secretario General de Gobierno, Florencio Salazar Adame, informó que censo que tiene el Gobierno estatal sobre desplazados es de “más menos” 1 500 personas, de municipios de Helidoro Castillo, Zitlala, Leonardo Bravo, Zirándaro y algunos otros que no detalló, cifra que en su mayoría se integra en los últimos dos años.
“Son de diferentes momentos pero básicamente ha sido de 2 años para acá. Hay un desplazamiento que nosotros desconocemos y hay personas que de pronto salen de sus lugares originarios, por su cuenta se van a otros lugares, o de repente se van del estado, que no tenemos manera de registrarlos. Tenemos registrados, incluso, a los que les hemos dado seguridad para trasladarse a otras comunidades como pasó con Zihuaquio que se fueron a Vallecitos.”, indicó.
La cifra oficial contrasta con la expresada por víctimas o autoridades. Solo en el municipio de Zirándaro hay alrededor de 2 mil personas desplazadas, de acuerdo con el presidente municipal, Gregorio Portillo Mendoza. En noviembre del 2018, pobladores de al menos 8 comunidades de Leonardo Bravo huyeron tras la irrupción del Frente de Policías Comunitarios del Estado de Guerrero. En esa ocasión las víctimas reportaron alrededor de 1 600 desplazados.
Florencio Salazar defendió el estado sí tiene estrategias para atender a personas desplazadas. “Tenemos protocolos, programas y hay una estrategia”. Ejemplificó los recientes casos de Zirándaro y Zihuaquio, en donde el Gobierno levantó un censo, y dio apoyo humanitario inmediato, como despensas y colchonetas.
“Ahora lo que tenemos que ver es si desean volver para implementar un mecanismo de retorno seguro o darles una ubicación más permanente en coordinación con el Gobierno federal”.
Dijo que el compromiso del estado con las víctimas es garantizarles seguridad, y será decisión de ellas si regresan a sus lugares de origen o se establecen en otro lugar.