Vanessa Cuevas/Chilpancingo, Gro
Diputados locales del PAN y MC presentaron una iniciativa de adición a la Ley de Educación del Estado, para establecer protocolos de seguridad en escuelas de nivel básico y medio superior, donde los menores deberán ser entregados a personas con autorización expresa de padres o tutores, a efecto de que el retorno a sus hogares sea seguro y evitar un caso como el de la menor Fátima, acontecido en la Ciudad de México.
En tribuna al diputada panista, Guadalupe González Suástegui señaló que en Guerrero no existe ningún protocolo formal y estandarizado destinado a salvaguardar la integridad de los menores al término de la jornada escolar, ni tampoco existe en la legislación local, ninguna referencia a la protección de los menores desde el momento de abandonar el centro escolar y en el trayecto del camino a su domicilio, sino que cada centro educativo se organiza de manera interna en lo que tiene que ver con la entrega de los alumnos a sus padres o tutores.
“Con esta iniciativa, en la que se establece que uno de los fines de la Educación, será velar por la integridad física de los educandos al establecer protocolos de seguridad donde las autoridades educativas se cercioren de que las niñas y niños guerrerenses se encuentren protegidos tanto dentro de las instalaciones educativas como en el trayecto de regreso a sus hogares, así como proporcionar la información necesaria a los padres de familia para que en conjunto Estado y ciudadanía garanticen un cuidado idóneo del bienestar de los menores”, señaló la diputada.
González Suástegui señaló que de acuerdo con datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, cada día son asesinados en el país en promedio 3.6 menores de edad y siete más son reportados como desaparecidos; además, por cada diez feminicidios que ocurren en el país, al menos en uno, se trata de una víctima menor de edad.
La diputada quien paso a nombre de su compañero, Arturo López Sugía de MC dijo que es urgente que en el estado cuente con protocolos que den seguridad a los menores, señlando que al establecer dichos mecanismos no solo damos certeza a que existirán vías de protección de los menores en el regreso a sus hogares, sino que, en caso de negligencia, en caso de omitir dicho protocolo, al incluirse en la Ley como una obligación de las autoridades educativas, se otorgarían los argumentos necesarios para fijar responsables directos dentro de un posible conflicto jurídico donde la responsabilidad administrativa por incumplimiento de deberes sería materia.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.
Fátima Cecilia Aldrighett Antón, una menor de 7a años de edad desapareció el 11 de febrero cuando esperaba a su madre al salir de clases. Una mujer se la llevó de la escuela.
Días después, el sábado 15, su cuerpo sin vida apareció con huellas de violación y tortura dentro de un costal envuelto con una bolsa de plástico, a menos de 5 km de su escuela.