Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
Hoy fueron presentadas dos iniciativas ante el Congreso local relacionadas al aborto: la primera, promovida por diputadas y diputados de Morena, que propone reformar el Código Penal del Estado para garantizar a las mujeres, víctimas de una violación, acceso al aborto sin intervención del Ministerio Público; y la segunda, impulsada por la panista Guadalupe González Suástegui, que plantea modificar la Constitución a fin de que los embriones sean reconocidos como personas y sujetos de derecho, cerrando así las puertas a la interrupción legal del embarazo.
En la sesión del Congreso estuvieron presentes mujeres feministas, que respaldan la primera propuesta de reforma; y activistas pro vida, que avalan el proyecto de la legisladora del PAN.
Durante la presentación de la segunda iniciativa, la Mesa Directiva detuvo la sesión y decretó un receso de diez minutos luego de que las feministas presentes protestaron y lanzaron consignas contra Guadalupe González, a quien exigieron respetar el estado laico y no involucrar asuntos religiosos ni morales en el quehacer legislativo.
La diputada de Morena, Blanca Celene Armenta Piza, fue la responsable de presentar ante el pleno la iniciativa de reforma al artículo 159 del Código Penal del Estado, que actualmente en su redacción establece que el aborto no será castigado cuando el embarazo resulte de una violación, siempre y cuando se presente una denuncia ante el Ministerio Público, que a su vez deberá emitir una autorización para la interrupción del embarazo.
Al respecto, la iniciativa -que firmaron 9 de los 22 diputados de Morena- propone eliminar el requisito que establece el involucramiento del Ministerio Público, a fin de que las víctimas accedan a un aborto de manera inmediata.
En su intervención, Armenta Piza recordó que está vigente una solicitud de declaratoria de alerta por violencia de género en Guerrero por agravio comparado, promovida por organizaciones feministas, y de la que derivó en una recomendación al gobierno del estado y al Congreso, para homologar el Código Penal con la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046.
Mencionó que con la iniciativa presentada se pretende evitar una segunda declaratoria de alerta y contribuir al fortalecimiento del marco jurídico destinado a reconocer, respetar y garantizar el ejercicio pleno de las libertades y derechos de las mujeres y niñas.
“Estamos a favor de la vida y no de la muerte. Soy mujer católica pero creo en el estado laico, soy simple y llanamente vocera de aquellas niñas y mujeres a las que se les ha negado ser escuchadas, aquellas que han vivido las consecuencias no sólo de una cruel violación sexual, sino también las consecuencias de vivir un embarazo forzado y la condena de parir a una niña o a un niño no deseado, y también de quienes viven con el miedo permanente de correr con la misma suerte”.
La legisladora expuso que el Congreso debe construir un marco jurídico que proteja el interés general y el interés superior de las niñas y adolescentes, “muy independiente y por encima de nuestras creencias religiosas”, pues son integrantes de un poder público.
También llamó a no caer “en el falso argumento” de que esa reforma promueve el libertinaje “o que se llenarán los hospitales de mujeres que quieran abortar”, y aclaró que no se está legislando la despenalización del aborto, sino para garantizar ese derecho sólo en casos de violación.
La iniciativa fue firmada por las diputadas Mariana García Guillen, Norma Otilia Hernández Martínez, Blanca Celene Armenta Piza, y por los diputados Arturo Martínez Núñez, Marco Antonio Cabada Arias, Luis Enrique Ríos Saucedo, Jesús Villanueva Vega, Aristóteles Tito Arroyo, y Moisés Reyes Sandoval.
Posteriormente subió a tribuna la diputada por el PAN, Guadalupe González, para proponer una reforma a los artículos 3 y 5 de la Constitución local, con la que pretende que se reconozca como persona y el derecho la vida de todo ser humano “desde su concepción hasta su muerte”.
La legisladora panista mencionó en su exposición de motivos que en el país son 18 entidades federativas que ya disponen en sus constituciones la protección de la vida humana desde la concepción: Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán.
“Desde la posición del Humanismo Bioético, consideramos desde nuestra postura política que el embrión humano es ya en sí mismo una persona con identidad, y por consiguiente tiene el derecho a la vida, y en consecuencia derechos a la protección del Estado y la sociedad; por su naturaleza este no puede ser objeto de manipulación, ni de agresiones que conduzcan a su destrucción o eliminación”.
Entre sus argumentos, también expuso que cada mujer y cada hombre es un ser “indivisible corporal y espiritualmente, un ser único, singular e irrepetible, con identidad propia y una dignidad intrínseca”.
Durante su intervención, la diputada panista fue interrumpida en reiteradas ocasiones por las feministas que se encontraban en el área de galerías, quienes le exigían dejar de lado los criterios religiosos y morales en su labor legislativa.
Por esta situación, el presidente de la Mesa Directiva, Alberto Catalán Bastida, pidió a las mujeres que protestaban guardar silencio, de lo contrario ordenaría que abandonaran el recinto, hecho que sólo hizo que las consignas fueran más constantes, lo que obligó a decretar un receso de 10 minutos, al considerar que no era posible continuar con la sesión.
Tras el receso, la sesión fue retomada, y la panista concluyó su intervención. A su iniciativa se suscribieron la diputada del PT, Leticia Mosso Hernández y el legislador Servando de Jesús Salgado Guzmán.
Ambas propuestas fueron turnadas a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.