Ángel Galeana/Chilpancingo.
Micro, pequeños y medianos empresarios de Chilpancingo aglutinados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidieron a los tres niveles de Gobierno la implementación de un plan de rescate económico, que va desde la condonación del 100 por ciento de impuestos estatales hasta la entrega de préstamos directos sin intereses.
En conferencia de prensa realizada en el zócalo de Chilpancingo, representantes de los sectores empresariales señalaron que el decálogo económico presentado por el gobernador Héctor Astudillo Flores en días pasado 30 de marzo debe ser ampliado, pues consideraron que algunas medidas son insuficientes.
El presidente del CCE en el estado, Omar Elías Azar Herrera, señaló que hicieron llegar un documento similar a los tres niveles de Gobierno con propuestas para mitigar los efectos negativos generados por el Coronavirus, que se basa en 11 puntos.
Los empresarios solicitaron al Gobierno que no se pare el pago de adeudos estatales a proveedores, que se amplíe al 100 por ciento de descuento durante los meses de marzo y abril de este año el impuesto sobre remuneraciones, conocido como el 2 por ciento de nómina. Este impuesto fue reducido al 50 por ciento por el gobernador Héctor Astudillo en su plan estatal económico para hacer frente a la crisis, durante los meses de marzo y abril.
Sugirieron al Gobierno actualizar y agilizar todos los mecanismos para la realización de trámites de forma electrónica ante dependencias gubernamentales; que se les den apoyos directos a las micro, pequeñas y medianas empresas para que ellos puedan pagar rentas de locales, nómina y gastos inherentes al comercio, como recibos de luz, telefonía, etc.
Le solicitaron al gobernador que sea el conducto de gestión ante el Gobierno federal para que se les den apoyos directos y créditos sin intereses; que considere a los empresarios de la construcción agremiados al CCE para que se les dote de obras públicas, y que implemente un plan de “blindaje” para evitar el saqueo y vandalismo en comercios.
Se dijeron de acuerdo en que la Profeco continúe realizando operativos para evitar que se cometan abusos a los consumidores, y sugirieron la creación de una agenda de crisis ante el Covid-19 con la finalidad de que haya reuniones entre representantes del Gobierno y empresarios para favorecer la estabilidad laboral, empresarial y social del estado.