Ángel Galeana/Chilpancingo
La diputada Erika Valencia Cardona presentó una iniciativa para que los servicios de grúas y corralones particulares concesionados por los ayuntamientos y la administración estatal dejen de cometer abusos en las cuotas a los usuarios, obligando a que las tarifas se establezcan de acuerdo al tabulador de los órganos de gobierno.
En la sesión de este martes, la diputada Valencia Cardona propuso reformar la ley que establece las bases para el régimen de Permisos, Licencias y Concesiones para la Prestación de Servicios Públicos y la Explotación y Aprovechamiento de Bienes de Dominio del estado y los ayuntamientos, con la finalidad de que las cuotas de los particulares se nivelen con las que cobran los ayuntamientos o la administración estatal.
La diputada argumentó que los dueños de automóviles que son detenidos o infraccionados sufren de irregularidades constantes de parte de grúas y corralones particulares que tienen el servicio concesionado por los ayuntamientos o el gobierno del estado, pues son obligados a pagar altas tarifas que duplican o triplican las establecidas por los gobiernos.
“Durante muchos años ha habido abusos y actos de corrupción en los cobros por parte de empresas de grúas y corralones sin que nadie haga nada para evitar este tipo de abusos que cobran hasta el doble o triple que la tarifa del ayuntamiento o el estado establece”, comentó.
Ejemplificó que, si un ayuntamiento cobra 400 pesos por un arrastre de coche con grúa, una empresa particular aumenta sus costos a 1500 pesos, o el caso de los corralones de gobierno que cobran 50 pesos por día, pero los particulares se exceden hasta los 200.
La diputada señaló que los abusos provocan daños a la economía en un estado como Guerrero, en donde el 66.5 por ciento de la población sufre de pobreza, de acuerdo con el último registro del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
La iniciativa fue turnada a la Comisión legislativa de Hacienda, la cual es presidida por la perredista Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, en donde tendrá que ser dictaminada.
De aprobarse la iniciativa, las empresas particulares no podrán exceder los costos establecidos por cada ayuntamiento o por el Gobierno del estado, evitando los abusos a la ciudadanía.