Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
Feministas y defensoras de los derechos de las mujeres protestaron este jueves afuera del Congreso local en rechazo al dictamen que aprobó recientemente de la Comisión de Justicia, y que pretende presentar ante el pleno, para imponer más restricciones para acceder a un aborto en casos de embarazo por violación sexual.
La protesta inició a las 11:40 de la mañana, justo frente a la sede del Poder Legislativo, donde un grupo de 8 mujeres informó que la Comisión de Justicia, presidida por el priista, Omar Jalil Flores Majul, aprobó una propuesta de dictamen para reformar el artículo 159 del Código Penal del Estado.
Al respecto, la activista Ema Cerón calificó esa reforma como «retrógrada», pues además de la autorización del Ministerio Público para que una víctima de violación acceda a un aborto, también se pretende imponer que la Secretaría de la Mujer y del DIF den acompañamiento al caso, que las menores de edad acudan con sus padres a denunciar y que el médico que realice una interrupción del embarazo sin autorización sea sancionado.
Afirmó que estas imposiciones violentan los derechos de las mujeres y niñas que son víctimas de una violación.
«Ninguna mujer que sea víctima de una violación de un hombre de extrema violencia va a denunciar, sobre todo en aquellos lugares apartados, como la Sierra o la Montaña, donde la justicia muchas veces es a criterio de la autoridad de la comunidad y no hay protección a las víctimas, y la víctima estará en peligro de muerte».
Ema Cerón advirtió que con esta reforma, las mujeres serán revictimizadas al burocratizar el trámite de denuncia con el acompañamiento de la Secretaría de la Mujer y del DIF; además dijo que se pretende establecer que las menores de edad acudan a denunciar junto a sus padres, pese a que en muchos casos los agresores son integrantes de su propia familia.
También dijo que se criminalizará a los médicos que practiquen un aborto, “y ahora será más complicado pues alienta el aborto clandestino poniendo en riesgo la vida de las mujeres y aquellos médicos abusivos tendrán más ganancias”.
Afirmó que la elaboración de ese dictamen tiene el respaldo de tres diputados “misóginos” que “tienen prejuicios religiosos y morales, y están decidiendo el futuro y proyecto de vida de las mujeres”.
Por su cuenta, una representante del Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO Guerrero), organización peticionaria de la segunda alerta por violencia de género en la entidad, advirtió que el dictamen aprobado en la Comisión suma más obstáculos para acceder al aborto en casos de violación.
“Consideramos que esta reforma es regresiva y violenta la salud reproductiva de las mujeres, niñas y adolescentes”.
Refirió que otra de las restricciones propuestas por los legisladores es condicionar la causal de interrupción por violación a las 12 semanas de gestación, pese a que los estándares internacionales indican que en ese tipo de casos no se puede restringir el tiempo para acceder a un aborto.
Explicó que los diputados Omar Jalil Flores Majul (PRI), Servando de Jesús Salgado Guzmán (PRD), Guadalupe González Suástegui (PAN) y Ossiel Pacheco Salas (Morena), integrantes de la Comisión de Justicia, votaron a favor de ese dictamen que será presentado en los siguientes días ante el pleno, siendo únicamente Moisés Reyes Sandoval, de Morena, quien votó en contra.
“(La iniciativa) es regresiva y una aberración que busca poner mayores candados legales que pudieran derivar en embarazos forzados, afectando de manera particular a las mujeres, niñas y adolescentes indígenas del estado”.
Ante esa situación exigió al pleno del Congreso local emitir un voto en contra de esa reforma; y convocar a un parlamento abierto en el que se escuchen las voces de las víctimas, de las organizaciones peticionarias, las agencias de Naciones Unidad, Médicas y organizaciones de la sociedad civil expertas en derechos humanos.
Así como garantizar los derechos de las mujeres, y que el actuar de los diputados se aleje de creencias religiosas o de la postura de “grupos conservadores que impiden la garantía de los derechos de más del 50 % de la población en la entidad”.