Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) recomendó al alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán, ofrecer una disculpa pública a la exdirectora de Atención a la Mujer, Marisol Cuevas Serrano, quien renunció al cargo en mayo de 2020 argumentando violencia institucional y laboral en su contra.
De igual forma recomendó al ayuntamiento dar vista al órgano interno de control para que realice una investigación administrativa en contra de Adriana Hosahandy H.luz Téllez, quien fungía como coordinadora operativa de gabinete y a quien la agraviada señala responsabiliza de esos agravios, “por haber vulnerado los derechos al trato digno de la mujer y a una vida libre de violencia en el ámbito laboral”.
A través de redes sociales, Cuevas Serrano informó la resolución de la CDHEG, que preside Ramón Navarrete Magdaleno, y que fue emitida el pasado 9 de abril.
En su resolución, la CDHEG recomendó a los integrantes del ayuntamiento de Chilpancingo que instruyan a Antonio Gaspar a ofrecer una disculpa pública a Marisol Cuevas “por haber vulnerado” su derecho a una vida libre de violencia.
De acuerdo con la recomendación, la disculpa debe ser publicada en un medio de comunicación local y estar disponible en el sitio web oficial del ayuntamiento para su consulta por el periodo de un año.
También recomendó dar vista al órgano interno de control para que realice la investigación administrativa que establece la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, en contra de H.luz Téllez por haber vulnerado los derechos al trato digno de la mujer, a una vida libre de violencia en el ámbito laboral, seguridad jurídica y a la legalidad.
La CDHEG también pidió la colaboración del ayuntamiento en la investigación y establecimiento de responsabilidades respecto al personal que resulte responsable de haber solicitado indebidamente la renuncia de Cuevas Serrano al inicio de su cargo como Directora de Atención a la Mujer, el 19 de febrero de 2018, así como la imposición de las respectivas sanciones.
Otra de las recomendaciones es que en un plazo de 4 meses a partir de la aceptación de la resolución, se diseñe e imparta un curso integral de formación y capacitación especializada en materia de derechos humanos de las mujeres, con énfasis en violencia de género, violencia institucional y laboral contra las mujeres, dignidad humana, derecho a la seguridad jurídica y legalidad a todos los integrantes del ayuntamiento, incluidos síndicos, regidores, el alcalde y la excoordinadora de gabinete.