Ángel Galeana/Chilpancingo.
Con información de Proceso y Aristegui Noticias
El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores; padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, periodistas y representantes de Derechos Humanos fueron parte de los personajes a los que el Gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó el malware denominado Pegasus, de la empresa israelí NSO Group, con el fin de espionaje de manera ilegal.
Este domingo se publicó una investigación periodística titulada Pegasus Project de la organización francesa Forbidden Stories que tuvo el apoyo técnico del Security Lab de Amnistía Internacional, en la que colaboraron 80 periodistas de 17 medios de comunicación establecidos en 10 países, entre ellos, Proceso y el equipo de Carmen Aristegui, en México.
La información publicada revela que más de 50 mil personas, de las cuales 15 mil son de México, estaban en la lista de personas de interés de tres agencias del Estado Mexicano que operaban el malware Pegasus: La Secretaría de la Defensa Nacional, el Cisen y la Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal.
Según la investigación, durante un año el gobierno de Enrique Peña Nieto registró, en promedio, más de 33 objetivos al día, “a un ritmo varias veces mayor al de regímenes autoritarios como Araba Saudita, Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos, Ruanda, Indica, Azerbaiyán, Hungría o Kazajistán, que también fueron clientes de NSO Group”, se lee en la publicación de Proceso.
“Resulta imposible afirmar que, en todos los casos, las selecciones derivaron en ataques y que instalaron Pegasus en los teléfonos de sus víctimas. En aquel entonces para conseguir la infección se necesitaba que el usuario diera clic en un vínculo malicioso, enviado en el contenido de un mensaje de texto o un correo electrónico”, señala Proceso.
Los espiados en Guerrero
De acuerdo con la investigación, el gobernador Héctor Astudillo Flores, los exfiscales Xavier Olea Peláez, Miguel Ángel Godínez Muñoz y el exprocurador Iñaki Blanco Cabrera fueron funcionarios en activo a los que se lanzó el Pegasus, además al exdiputado local priista Saúl Beltrán Orozco, vinculado con el grupo delictivo de “Los Tequileros”.
También el reportero Cecilio Pineda Brito, asesinado en Ciudad Altamirano en marzo de 2017, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa e integrantes de organizaciones en su apoyo como el abogado Vidulfo Rosales Sierra y Abel Barrera Hernández, ambos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La información publicada en Proceso refiere que el número de teléfono del reportero Cecilio Pineda fue ingresado “escasas semanas antes” de su crimen. “Una agencia del gobierno de Peña Nieto-cuyas características corresponden a la Sedena-ingresó en dos ocasiones el número de teléfono del celular de Pineda en las plataformas de Pegasus”, señala el texto.
“En respuesta a un cuestionario de Forbidden Stories, NSO Group sostuvo que, incluso en el caso de que el teléfono de Pineda haya sido espiado en febrero de 2017, “ello no quiere decir que el cliente de NSO Group o la información recolectada por el software de NSO Group fuera en alguna manera conectada con el asesinato del periodista el mes siguiente”, señala Proceso.
Para la investigación fue entrevistado el exfiscal Xavier Olea Peláez por la periodista Nina Lakhani del periódico británico The Guardian, quien reveló que 2016 y 2018 dos hombres, uno de ellos israelí parecido al entonces representante de la empresa NSO en México, según una fotografía, le mostraron el programa Pegasus para la intervención de teléfonos que lo convenció y para el que pidió fondos a la oficina del gobernador Héctor Astudillo, “quien se lo negó en un primer momento, pero en 2018 afirmó que lo compraría”.
Días después de que los teléfonos de Cecilio Pineda y su novia fueran ingresados a Pegasus, la misma entidad, identificada como la Sedena, lanzó el malware a los teléfonos del gobernador Héctor Astudillo Flores y del exfiscal Xavier Olea, y tres meses después lo mandó al celular del entonces diputado Saúl Beltrán Orozco, que fue vinculado con Los Tequileros por la Fiscalía de Guerrero.
Por otro lado, la publicación en el portal Aristegui Noticias de este domingo se centra en el espionaje que tuvieron padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y organizaciones que forman parte de su defensa legal, como Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Tras la investigación de Pegasus Project, se confirmó que tres personajes del grupo de padres de los 43 normalistas desaparecidos estuvieron en la lista de Pegasus, establecida por el gobierno de Peña Nieto.
Los afectados fueron Melitón Ortega, quien es tío del normalista Mauricio Valerio, Felipe dela Cruz, padre de unos de los sobrevivientes de la noche trágica de Iguala, y Cristina Bautista, madre del normalista desaparecido Benjamín Ascencio.
El teléfono de Melitón Ortega intentó ser infectado desde principios de febrero hasta finales de mayo del 2017; a Cristina Bautista le enviaron el software en marzo de 2017. “Sucedió en las semanas previas a la visita a México de los integrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en la que denunciaron que a esa fecha aún no había sido procesada ninguna persona por desaparición forzada”, se lee en Aristegui Noticias.
Al exvocero Felipe de la Cruz, expulsado del grupo tras buscar una diputación federal por la vía plurinominal en Morena el pasado proceso electoral, “se le ubicó como objetivo entre marzo y mayo de 2017 con varios intentos infecciosos documentados”.
Pegasus Project confirmó que teléfono del abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales, fue objeto de intentos de intromisión desde enero de 2017, al igual que el director de Tlachinollan, Abel Barrera “quien recibió extraños mensajes en su teléfono desde que se involucró en el caso”.
“La vigilancia sobre Rosales tiene un antecedente en 2016, momento en que algunas de sus conversaciones telefónicas fueron filtradas a la prensa con el objeto de sembrar la división en el movimiento. Llama la atención que los intentos de intervención al abogado mediante Pegasus en 2017, se realizaron en los mismos horarios y fechas que los intentos contra Cristina Bautista, lo que configura un escenario de seguimiento del movimiento de los padres y sus defensores”, se lee Aristegui Noticias.
Otros de los objetivos identificados en Pegasus fueron: un investigador del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de quien no se revela el nombre; el exprocurador Iñaki Blanco Cabrera quien fue seleccionado cinco veces entre el 11 de abril y el 18 de mayo de 2017; el exfiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz, y quien fuera fiscal federal encargado del caso, Alfredo Higuera Bernal.
“¿Quién fue el cliente de NSO Group interesado en seguir a detalle a familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, a sus defensores y hasta las autoridades que investigaban el caso? En 2016 se publicó un contrato entre la entonces PGR y la empresa Tech Bull por 32 millones de dólares para usarlo contra 500 objetivos”
“Un año después, Aristegui Noticias reveló que la PGR, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y el Ejército mexicano pagaron 489 millones de pesos a una sola empresa para actualizar el sistema Pegasus y escalar sus capacidades de espionaje”
“Los comprobantes fiscales en poder de este medio confirmaron que además de la Procuraduría, el Cisen y la Sedena también tuvieron acceso a la plataforma de espionaje, utilizada en todo el mundo para atacar a periodistas, activistas anticorrupción y defensores de derechos humanos”.
Consulta los reportajes originales en las siguientes plataformas:
Aristegui Noticias: https://aristeguinoticias.com/1807/mexico/pegasus-project-familiares-de-los-43-normalistas-de-ayotzinapa-en-la-lista-de-objetivos-del-programa-de-espionaje-pegasus/