Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
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Esta semana es de recordar acontecimientos trascendentes para nuestro país, que inciden en lo que hoy es Guerrero; a). 9 de agosto de 1782, nacimiento de Vicente Ramón Guerrero Saldaña en Tixtla; b). 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc, último tlatoani mexica, fue capturado por los españoles, lo que propició la caída de Tenochtitlán y el inició del periodo de tres siglos de colonización, hasta 1821; y c). El 9 de agosto naciones unidas proclamó como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, para visibilizar y reconocer a los pueblos originarios en el concierto de las naciones del mundo.
Tales sucesos se encuentran entrelazados e invitan a la reflexión, porque se refieren a la cuestión indígena, así como a cinco siglos de predominio sobre los pueblos originarios y afromexicanos, sin olvidar a la vez que Vicente Guerrero fue un relevante insurgente afrodescendiente oriundo de lo que hoy es Guerrero, que contribuyó al origen de México como nación independiente.
A dos siglos de distancia de la independencia de nuestro país y a quinientos años de la colonización, el reconocimiento de los derechos y visibilización de los pueblos indígenas ha venido avanzando lentamente, sobre todo en la época reciente; así por ejemplo, a instancia de naciones unidas, en el año 2022 iniciará el “Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032”, acontecimiento que sin duda será un marco propicio para empoderar a los hablantes de las 68 lenguas indígenas con sus 364 variantes lingüísticas que a través de los siglos, prevalecen aún en las 43,276 localidades indígenas en México; variantes de las cuales 60 se encuentran en riesgo de desaparecer de acuerdo con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).
El censo de población y vivienda 2020, identificó a 7,364 645 personas que hablan una lengua indígena, es decir, 6.1% de la población total y a 2,576 213 afromexicanos o afrodescendientes, sector que recientemente se ha venido utilizando adherido al tema indígena; las entidades con mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena de 3 años y más son: Oaxaca 31.2%, Chiapas 28.2%, Yucatán 23.7%, Guerrero 15.5% y Quintana Roo con 11.7%.
De los anteriores datos hay que considerar que la población total de Guerrero asciende a 3,540 685 habitantes, de la cual la población de 3 años y más hablante de alguna lengua indígena en el referido año asciende a un total de 515 487.
Resulta apremiante que el estado mexicano avance con pasos firmes en las tareas de armonización legislativa con miras a afianzar el reconocimiento de la autonomía y libre autodeterminación de los pueblos indígenas, garantizar el pleno ejercicio del derecho de propiedad, a la tierra y al territorio, a la consulta, libre, previa e informada, a la participación política; considerarlos como sujetos de derecho público y con personalidad jurídica, reconocer sus derechos -en lo individual- a las mujeres, niñez, juventud, migrantes; en materia de justicia, respetar su sistema normativo indígena y de seguridad de los pueblos; en pocas palabras, nuestro país debe cumplir con los compromisos asumidos con la comunidad mundial al aprobar los diversos tratados internacionales.
En este rubro es de reconocer el impulso que está brindando el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), para propiciar la reforma a través de una iniciativa, que puede decirse tiene un matiz de participación ciudadana, por la que se pretenden modificar 15 artículos de la Constitución federal, cuyo amplio texto está disponible en su página oficial de Internet, que esperamos haya consenso y se cristalice en nuestro marco jurídico nacional.
No es de sorprender la reciente información brindada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al publicar datos sobre la pobreza en nuestro país, que no gustó al presidente de la república, pero que reflejan una realidad, sobre todo en Guerrero, donde la población indígena vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema; esta situación viene a ser caldo de cultivo para las violaciones a los más elementales derechos humanos de acceso a la salud, educación, al trabajo, al desarrollo, etc.
Por lo que es apremiante, a la par de la armonización legislativa, el fortalecer con políticas públicas locales y federales que vayan abriendo paso a un nivel de vida adecuado de los pueblos y comunidades indígenas, para resarcir la deuda que tiene la federación con este sector y que aún prevalece pendiente de saldar.