Ángel Galeana/Chilpanicngo
La Fiscalía General de la República girará nuevas órdenes de aprehensión en contra de funcionarios que estuvieron involucrados en el caso Ayotzinapa, ya sea por los hechos ocurridos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, o por manipular la investigación posterior.
El titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez Trejo, informó que desde enero de 2019 a la fecha se han girado 89 órdenes de aprehensión en contra de personajes involucrados en el caso Ayotzinapa, de los cuales se han cumplimentado 40, 30 por el la desaparición de los normalistas y 10 por irregularidades en la investigación.
Además el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reveló que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta a presidente de Israel solicitando su colaboración para facilitar la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, acusado de tortura, contra la administración de justicia y desaparición forzada.
Alejandro Encinas y Omar Gómez ofrecieron una conferencia de prensa en la Ciudad de México tras la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador, funcionaros de su gabinete y de la Fiscalía con padres de los 43, en la que detallaron los avances que han tenido en la investigación del caso, a dos años 8 meses de que se inició la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia, y en el marco del sétimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas en el municipio de Iguala.
En el tema judicial, Gómez Trejo señaló que el proceso se desarrolla en dos ámbitos: los hechos ocurridos la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, y la manipulación de la investigación que realizaron agentes de la Procuraduría General de la República.
Indicó que uno de los compromisos de la unidad que dirige es seguir abriendo brecha “irrumpiendo silencios de funcionarios que vieron, que fueron testigos y saben cómo pasó la desaparición de los estudiantes y cómo se creó la mentira dentro y fuera de la Fiscalía, y los invitaremos a colaborar con la justicia”.
Cuestionado sobre las órdenes de aprehensión que han girado en contra de funcionarios involucrados en los hechos, ejemplificó la solicitada contra Tomás Zerón de Lucio que es un caso pendiente por que no han logrado la extradición, o de mandos de la Policía Federal Ministerial, y reveló que elaborarán nuevas, que dijo no publicará para no develar información concreta.
Gómez Trejo insistió en que la Procuraduría General de la República construyó una “verdad histórica” a modo, a base de tortura y manipulación con la intención de cerrar el caso en 3 días, sin brindar justicia a las familias. Ejemplificó que la famosa diligencia del Río San Juan, “que fue clave para sustentar la verdad histórica” fue falseada en contenido y en hechos, teniendo como una de las pruebas que la agente del Ministerio Público que firmó la diligencia ni siquiera estuvo presente en el sitio, sino que estaba despachando en la Ciudad de México.
Además, indicó que todas las personas que fueron presentadas por la PGR en conferencias de prensa como autores materiales de la “desaparición y ejecución” de los normalistas fueron exoneradas por haber sido torturados; en ese sentido, indicó que la Unidad a su cargo inició procedimientos penales por las irregularidades que se cometieron.
Por otra parte, Alejandro Encinas informó que las conclusiones a las que han llegado a casi 3 años de investigación es que se confirmó que los normalistas de Ayotzinapa no tuvieron vínculos con los agresores, que el ataque en su contra fue perpetrado por tres células criminales integradas por policías municipales y sicarios, que los 43 normalistas desaparecidos nunca estuvieron juntos durante las detenciones, y que participaron policías de Iguala y Huitzuco en los hechos.
Informó que han obtenido 31 mil 238 documentos que estuvieron ocultos y que ya se han sistematizado, la mayoría de ellos provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional, que aportó 17 mil 45 archivos de zonas militares, batallones y del cuartel central. El Centro Nacional de Inteligencia, antes Cisen, en donde habían 3 mil 843 documentos; de la Secretaría de Gobernación que tenía mil 831; y de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que liberó 2 mil 410.
Reveló que analizaron 80 millones de llamadas telefónicas que se detectaron en las 19 antenas ubicadas en los municipios de Iguala, Tepecoacuilco, Huitzuco, y Cocula, de las cuales obtuvieron 116 números telefónicos a los que les han hecho seguimiento para identificar horas críticas, personajes claves y vínculos entre grupos delictivos, autoridades y policías de Iguala y Cocula, particularmente del grupo denominado Los Bélicos.
Alejandro Encinas indicó que han realizado acciones de búsqueda en 7 municipios: Iguala, Cocula, Huitzuco, Eduardo Neri, San Miguel Totolapan, Tepecoacuilco y Taxco.
Además, señaló que han tenido diversas dificultades durante la investigación, una de ellas, es que han muerto o han asesinado a 21 personas que estaban vinculadas en el caso, lo que ha provocado pérdidas de fuentes de información.