Rafael Mendoza/Acapulco Gro
La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, recorrió la unidad habitacional Pedregal de Cantaluna de Acapulco donde cientos de viviendas resultaron afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre, cuyo caso «tomará las riendas» Gobierno federal hasta solucionar el conflicto.
En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria federal advirtió a la empresa constructora responsable de edificar la unidad habitacional «Opción Paquimé», a dejar de contratar otras empresas para realizar dictámenes en las viviendas, «mejor que ni se metan, esto ya toma las riendas el Gobierno federal, estamos nosotros a cargo de todo».
Por ello, dijo que trabajarán de manera coordinada con la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez, y la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, para dar continuadad con las verificaciones y los posibles procesos legales que iniciarán contra la empresa.
«Aquí lo más importante es que la gente no regrese hasta que no tengamos la seguridad de que no hay peligro, lo que se ve a primera vista es que sí hay riesgos y que no regresen a sus domicilios hasta que esperen un dictamen oficial del Gobierno federal», resaltó.
En este sentido, anunció que habilitarán un refugio temporal para quienes no están viviendo en sus casas y no pueden pagar renta, el cual promete estará en condiciones óptimas «hasta que nosotros concluyamos nuestro estudio».
Al análisis se sumará el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, para colaborar en beneficio de este conjunto habitacional por instrucciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador.
«No deben permanecer en sus casas, solo que de verdad no veamos algún riesgo, pero casas como esta, no pueden ser habitadas», insistió tras explicar que cada vivienda tendrá un análisis diferentes basándose en sus daños.
El pasado domingo, tras la protesta de habitantes de Cantaluna en Acapulco, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a atender el caso, y advirtió que la empresa responsable de construir el fraccionamiento va a responder a los damnificados, e instruyó a Laura Velázquez y a Román Meyer a que dieran seguimiento.
El fraccionamiento fue el más dañado en el sismo del pasado 7 de septiembre. Alrededor de 600 departamentos presentaron afectaciones en distintas áreas y los vecinos señalan que ni la empresa Paquimé ni las aseguradoras se han querido hacer cargo de absorber los gastos de reparación.
El dictamen de riesgo emitido por la Secretaría de Protección Civil del estado el 29 de septiembre, indica que en los 177 edificios del fraccionamiento estuvo comprometido el diseño estructural tras el sismo, y el daño que sufrieron en las plantas bajas exhibieron los “vicios ocultos y los daños estructurales en los reforzamientos”.
La dependencia concluyó que el fraccionamiento no debe ser habitado en tanto no se realicen trabajos de reforzamiento en todos los edificios, debido a que el diseño estructural no garantiza la seguridad de los habitantes.