Ángel Galeana/Chilpancingo
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Alfredo Sánchez Esquivel, dijo que la seguridad pública corresponde a las instituciones atenderla, y estas siempre se basarán en lo que señala la Constitución, por lo que dijo, que las recomendaciones del arzobispo de Acapulco, Leopoldo González y el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, para que el Gobierno dialogue con delincuentes, no se deben tomar a la ligera por parte de los servidores públicos.
Consideró que la declaración de la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en el sentido de que la seguridad no compete a las instituciones, fue un desliz que cometió y que “seguramente” pronto habrá una rectificación.
En entrevista, Sánchez Esquivel dijo que ambos representantes de la Iglesia deben tener claro que los servidores públicos tienen reglas de actuación por las que se tienen que regir, al contrario de ellos que pueden tener cierta flexibilidad “para algunos temas”, como el caso de las reuniones con grupos delictivos, como lo ha manifestado desde que llegó a la diócesis el obispo Salvador Rangel.
“Es muy importante dejar algo en claro la separación de ciertas funciones que en su momento ya ocurrió y están dentro del marco de la ley, de los alcances que tiene el clero, la Iglesia y el Estado y no es otra cosa que ceñirse a lo que marca la ley”, opinó.
Y es que el arzobispo Leopoldo González y, sobre todo, el obispo Salvador Rangel, han recomendado e insistido en el que el Gobierno del estado debe negociar con los líderes de grupos criminales para pacificar la entidad, luego del repunte de violencia que se ha registrado desde el cambio de administración, al grado de sugerir que haya acuerdos para que se repartan territorios y que los ciudadanos accionen ante la pasividad de las autoridades.
Sánchez Esquivel consideró que sí hay violencia en el estado, pero que no se está saliendo de control, sin embargo, dijo que sí se debe atender con prontitud por parte de las instituciones responsables.
“Para eso todos los órdenes de gobierno son importantes, del estatal, municipal y federal y todas las dependencias deben de participar, la sociedad civil debe participar de alguna manera en el ámbito de su competencia, también es importante, en algún caso la denuncia es pertinente porque coadyuva a que este tema poco a poco se vaya atendiendo se y deje de ser una situación que mantenga a las familias en una situación de zozobra”, indicó.
Por otro lado, cuestionado sobre la polémica declaración que realizó la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, en el sentido de que la seguridad pública no corresponde a las instituciones atenderla, defendió que se trató de un desliz que tendrá que rectificarse.
“Es un desliz que no es más que eso, un error que cometió y que seguramente hará alguna rectificación porque las instituciones son las responsables del tema de seguridad, pero no es algo mayor, es un tema que en una entrevista puede ocurrir, pero quedamos claro que el responsable es el Estado con sus instituciones, como se dice, tienen el monopolio del tema de la aplicación de la ley”, comentó.