Carlos Navarrete Romero/ Chilpancingo, Gro.
Síndicos y regidores de Morena en Chilpancingo dieron a conocer que el gobierno anterior, encabezado por el perredista Antonio Gaspar Beltrán, tiene observaciones millonarias de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), algunas por transferencias bancarias “injustificadas” y otras por la ejecución de obras que no cuentan con documentación comprobatoria.
La mañana de este martes el primer síndico, Andrei Marmolejo Valle, ofreció una conferencia de prensa en la que rindió un resumen del adeudo histórico que enfrenta el ayuntamiento, del incremento de personal en cada administración y de las observaciones hechas al gobierno anterior.
En la conferencia también estuvieron presentes la síndica, Yasmín Arriaga Torres; las regidoras, Lizeth Guadalupe Calvo Soberanis, Yamileth Castillo Valenzo y Neshme Azar Contreras; así como de los regidores Iván Galíndez Díaz y Samir Ávila Bonilla.
Durante su intervención Marmolejo Valle mostró unas gráficas con las que explicó que en el gobierno de Antonio Gaspar el ayuntamiento tenía en nómina a 3 mil 358 personas, sin embargo con la llegada de la nueva administración, que encabeza Norma Otilia Hernández Martínez, la cifra se redujo a 2 mil 946 trabajadores; y dijo que el exalcalde dejó a 13 de sus funcionarios en la nómina.
También exhibió cuatro casos de trabajadores que se beneficiaron de manera “irresponsable” con varios incrementos salariales en los tres años de gobierno de Gaspar Beltrán.
Uno de los empleados, de quien se reservó su identidad, ganaba 8 mil 417 pesos pesos el 15 de octubre de 2018, pero el 15 de junio de ese año obtuvo su primer incremento alcanzando un sueldo 8 mil 714 pesos; el segundo lo tuvo el 15 de junio de 2020, logrando un ingreso de 9 mil 687 pesos; el tercero el 15 de octubre de 2020, cobrando 15 mil 156 pesos y el cuarto el 31 de octubre de 2021, cuando recibió 15 mil 972 pesos.
“Estos incrementos se hicieron de manera irresponsable, puesto que no existe techo presupuestal, para que pueda haber incrementos a los trabajadores tiene que estar justificado en la Hacienda Pública para que se pueda realizar”.
Sobre las observaciones que han hecho los órganos fiscalizadores al anterior gobierno, el síndico ofreció resúmenes de algunos expedientes iniciados por presuntas irregularidades.
Marmolejo Valle explicó que en uno de los expedientes de la ASF, correspondiente al ejercicio fiscal 2018, el gobierno de Gaspar Beltrán fue observado por realizar 23 transferencias bancarias injustificadas por 12 millones 990 mil pesos; también por realizar 18 obras ”que no beneficiaron a zonas de pobreza extrema” como lo establece el decreto de Zonas Prioritarias y se ejecutaron en zonas urbanas, esto por un monto de 14 millones 178 mil 785 pesos; y también por adjudicar 3 obras en 8 contratos de forma directa sin licitación como lo marca la Ley de Obras Públicas del estado, por 10 millones 580 mil 821 pesos; aunque precisó que eso era sólo un resumen y existen más observaciones.
De acuerdo con el síndico, la ASE observó al gobierno anterior por 5 millones 433 mil 744 pesos porque no se cuenta con documentación soporte de 10 obras ejecutadas; y por otros 119 millones 867 mil 557 pesos de 225 obras sin documentación comprobatoria y soporte de expediente técnico, todo correspondiente al año 2019.
De igual forma refirió otro expediente, de 2020, en el que Gaspar Beltrán fue observado por un total de 43 millones 55 mil 23 pesos, de los que 5 mil 800 millones son por no presentar el presupuesto de ingresos 2019 ni ser aprobado por el cabildo, “lo que impide determinar si los recursos fueron ejercidos conforme a la ley”; y los otros 37 millones 255 mil 23 pesos por hacer retenciones del ISR pero sin presentar la documentación comprobatoria.
Otro expediente de 2019 refiere que Antonio Gaspar fue observado por 8 millones 862 mil 547 pesos por cuatro obras que no cuentan con evidencia documental y por 17 millones 165 mil 708 pesos de 13 obras que tampoco cuentan con evidencia documental.
El síndico también expuso que el gobierno pasado dejó un pasivo de 945 millones de pesos a proveedores; otro de 244 millones al Instituto de Seguridad Social de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG); uno más de 31 millones al ISSSTE y otros 5 millones 500 mil en cuotas sindicales, sumando un total de mil 225 millones 500 mil pesos.
Finalmente, comentó que más de 50 funcionarios de la anterior administración no presentaron su declaración de conclusión del cargo, por lo que están siendo notificados y afirmó que en breve se iniciarán los procedimientos administrativos correspondientes en su contra.