Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.
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En una paradoja de la política Guerrerense, el pasado 28 de diciembre y previo el nombramiento, se le toma protesta a Sandra Luz Valdovinos Salmerón como Fiscal General del Estado, (FGE), quien cuenta con un perfil militar al ser Teniente Coronel.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, en sus artículos 140 y 142, contemplan que esa designación corresponde a una mayoría calificada de las diputadas y diputados del Congreso, con base en la terna que envíe la ciudadana Gobernadora y previa comparecencia de las personas propuestas.
Pero ante la omisión en la designación por parte del Congreso, correspondió a la propia Gobernadora del Estado nombrar a la titular de la FGE; hicieron honor al “día de los inocentes”, con el cuento de que en esa designación se privilegió la democracia.
Lamentablemente se produjo un retroceso y un debilitamiento de la FGE, pues se le dio una estocada a su autonomía al no respetarse por ambos Poderes Públicos la responsabilidad compartida con la que cuentan para designar al Fiscal; la autonomía e independencia debe ser garantizada con el objetivo primordial de que quien ocupe la titularidad actúe con imparcialidad en la persecución de los delitos, y se base exclusivamente en los hechos y a la luz de su majestad: la norma jurídica; sin la contaminación de las influencias políticas o indebidas intromisiones, sobre todo del Ejecutivo.
Con tales decisiones, difícil se vislumbra el ejercicio de las funciones de procuración de justicia de manera que preserve la imparcialidad e independencia; aclaro que no está a discusión de que la recién designada sea una persona íntegra y con méritos, pero estimo que se dejaron de observar factores objetivos, especialmente en la capacidad profesional, la experiencia y que es militar, pues una cosa lo es la jurisdicción militar, y otra distinta la procuración de justicia en el ámbito del fuero civil, máxime con la implementación del relativamente nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
De igual manera se soslayó la opinión de las organizaciones civiles que han cuestionado seriamente la incorporación de militares en puestos que deben corresponder asumir a civiles, olvidándose de las heridas aún no cerradas causadas por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas militares en Guerrero.
El restarle importancia a ese escrutinio público que debe ser orientador del proceso de selección del Fiscal mediante procedimientos transparentes que garanticen la participación de la sociedad civil, no resulta raro en Guerrero; se continúa actuando con criterios aldeanos, desconociendo los avances internacionales en materia de independencia e imparcialidad de fiscales y jueces, y los representantes populares se apartan del deber de garantizar una actuación independiente.
Las organizaciones civiles y las víctimas debieron ser escuchadas, así como tener derecho a participar en este tipo de procesos, pues deben generar confianza en una institución que tiene la función sustantiva de procurar la tan anhelada justicia; ya la Relatoría Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones Unidas, ha mencionado que la falta de autonomía y de independencia funcional puede minar la credibilidad de la autoridad fiscal y socavar la confianza pública; en fin.
Resulta oportuno seguir recordando que la tendencia mundial transita hacia la ruta de tener mandos civiles en seguridad pública, y como es concebida en el artículo 21 de nuestra Constitución Política Federal, ésta involucra a las fiscalías; ahí queda una mancha más al tigre, o más ad hoc, al jaguar; la titular del Poder Ejecutivo y los diputados le fallaron al pueblo de Guerrero.