Ángel Galeana/Chilpancingo
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Alfredo Sánchez Esquivel, informó que ayer entregaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un expediente de entre 4 mil y 5 mil hojas con evidencias del trabajo que han realizado en el proceso de consulta a pueblos originarios en materia de seguridad. Esta fue el quinto informe que entró el poder legislativo en los últimos 6 meses.
El diputado consideró que la máxima sanción que señala la ley, que es la destitución de los diputados por desacatar una sentencia de la SCJN no aplicaría en este caso, dado que han cumplido con el procedimiento de la consultan y tienen previsto que el 14 de abril estén aprobadas las reformas en lo que respecta al reconocimiento y actuar de las policías comunitarias, principalmente.
Sánchez Esquivel y los diputados Antonio Helguera Jiménez y Andrés Cárdenas Guevara, dieron una conferencia de prensa en Iguala para informar en la región los trabajos de la consulta, como también hizo otro grupo de diputados en la Costa Grande y la diputada Marben de la Cruz en Ometepec.
Indicó que, junto a la presidenta de la Mesa Directiva, Flor Añorve Ocampo, estuvieron a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la mañana de ayer entregando 36 anexos “con miles de páginas donde viene la invitación a los pueblos originarios”. Detalló que fueron entre 4 mil y 5 mil hojas de evidencia certificada y con fotografías de los trabajos que han realizado para dar cumplimiento a la sentencia que obligó al Congreso a realizar una reforma indígena con un proceso de consulta a pueblos originarios.
Este es el quinto informe que le Congreso hace llegar a la Corte. El primero fue el 6 de octubre del año pasado, el segundo el 6 de diciembre, el tercero el 27 de enero, y el cuarto el 23 de febrero.
Cuestionado sobre la sanción que implicaría el no acatar la sentencia de la SCJN, como es la destitución de los diputados, dijo que es sería en el caso de no atender, “la parte extrema de la destitución de los diputados es por no cumplir, pero estamos cumpliendo”.
El diputado dijo que no tienen un plan B y el plan A es cumplir con el mandato de la Corte, por lo que esperan que el 14 de abril, cuando vence el plazo, tendrán las reformas aprobadas con las observaciones de las comunidades.
Sobre la marcha que mañana realizará la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias en Chilpancingo, dijo que es bueno que haya una manifestación pacífica y social, y que los diputados estarán en el Congreso en caso de que se les pida una mesa de diálogo.
Participación de 1, 213 comunidades de las 4 mil 500 marcadas por INEGI e INPI
Alfredo Sánchez Esquivel indicó que de las 4 mil 500 comunidades que tenía establecidas el INEGI y el Instituto de los Pueblos Indígenas con población indígena y afromexicana, solo encontraron 2 mil 700 tras hacer recorrido en los territorios, de las cuales 1,213 son las que aceptaron participar en la consulta.
El diputado Antonio Helguera indicó que, al corte del 1 de abril, el universo de comunidades es de 1, 213 registradas, de las cuales, a 1,176 se les entregaron invitaciones a la consulta y los lineamientos debido a las dificultades de llegar a los pueblos o que los ciudadanos no quisieron recibirlas. De las 1, 176 actas de recepción, en 1, 153 las autoridades locales firmaron la entrega-recepción de la consulta y los lineamientos para participar.
Personal del Congreso fue amenazado con armas durante los recurridos
El diputado Antonio Helguera indicó que durante la etapa de pre consulta registraron 125 incidentes en las comunidades, que les impidió entregar las invitaciones a participar, al grado de que personal del Congreso fue amenazado con armas de fuego.
Indicó que las incidencias fueron principalmente: que los comisarios no realizaron las convocatorias para las asambleas de aprobación de los lineamientos, que las comunidades no se presentaron a las asambleas, diversas amenazas de comunidades a personal del Congreso, la desconfianza del gobierno, que los pueblos no desean participar, que las visitas coincidieron en días de celebraciones patronales, pobladores pidieron dinero o apoyos en especie como condicionante, que el personal del Congreso fue amenazado con armas de fuego.