Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
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El pasado 12 de abril de 2022, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas hizo público su informe en relación con su visita a México; vale mencionar que desde el 2013 había solicitado efectuar una visita al país y fue hasta el 30 de agosto de 2021 en que se aceptó.
Así, el Comité realizó la visita del 15 al 26 de noviembre de 2021, con una delegación integrada por cuatro de sus miembros que visitaron 13 estados, incluido Guerrero. Llevaron a cabo diversas reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno, y con organizaciones civiles de víctimas.
Como muestra de apertura al escrutinio internacional, el 2 de octubre de ese año, el Presidente de la República reconoció la competencia del referido Comité; y éste lo consideró un paso importante del Estado Mexicano, el que haya reconocido su competencia para examinar las comunicaciones de casos individuales.
Llama la atención los datos que se citan en el informe, pues de acuerdo con las cifras oficiales disponibles al 26 de noviembre de 2021 se encontraban registradas 95,121 personas desaparecidas, de las cuales 112 habrían desaparecido durante los doce días de la visita del Comité, -casi 10 diarias-, señala que este incremento surgió a partir del 2006 con un crecimiento exponencial en desapariciones en un porcentaje superior al 98 % en ese período; destaca que frente a este fenómeno imperan una impunidad casi absoluta y la revictimización; pues al citado día 26 de noviembre, solo entre el 2 % y el 6 % de los casos habían sido judicializados, y se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional.
Asimismo, hace referencia a la crisis forense que prevalece en México, donde más de 52,000 personas fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones de los SEMEFOS, universidades y centros de resguardo forense.
Me resulta de suma preocupación cuando refiere el Comité que según varios expertos entrevistados, en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificar a los desaparecidos, ello sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día. El inesperado señalamiento ahí está, lo que sigue debe ser, que el Estado Mexicano, emprenda acciones para cumplir con las observaciones -recomendaciones- que emitió el Comité.
Se hace referencia al discurso oficial que pretende negar o diluir la responsabilidad del Estado, al alegar que la mayoría de las desapariciones son perpetradas por particulares vinculados a la delincuencia organizada; a lo que el Comité recuerda que, los Estados también son responsables, por falta de la debida diligencia para prevenir la desaparición o para tratarla conforme a las exigencias impuestas por el derecho internacional; esto es, al Estado Mexicano le resulta responsabilidad si no investiga las desapariciones y no lleva a sus responsables ante la justicia; de igual manera, hay responsabilidad si no busca y localiza a las personas desaparecidas y, en caso de muerte, si no se devuelven sus cuerpos a sus familiares.
Es necesario dejar de lado descalificaciones a estos organismos internacionales, que en nada abonan a la solución de fondo del fenómeno; pero lamentablemente, en un afán de descrédito a lo informado por el Comité, el Presidente de la República señaló que “ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad”, y agregó que “ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción ni la impunidad”; a lo que diversas organizaciones civiles lamentaron esa reacción; si no se tiene apertura al escrutinio internacional, entonces, ¿para qué aceptó la competencia del Comité?… pero, los datos oficiales son abrumadores.
En cambio, la Secretaría de Gobernación “agradece el trabajo del comité y recibe sus recomendaciones respetuosamente con el compromiso de implementarlas” e informó que será la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alejandro Encinas, la encargada de coordinar esos trabajos.
Frente a tal fenómeno, el Comité sugiere la adopción e implementación urgente de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones y urge a México a que la política nacional aborde el conjunto de las observaciones y recomendaciones que presenta el Comité en ese informe y pide tomarlas en cuenta tanto “para los casos que se iniciaron en el pasado, como para los perpetrados recientemente”; que en el diseño de esa política nacional involucre a todas las autoridades y a amplios sectores de la sociedad, incluyendo las víctimas y colectivos de víctimas y sus representantes; ojalá con ello, se logre avanzar y se reduzcan esos 120 años que cita el informe.