Ángel Galeana/Chilpancingo
Con voto secreto, diputados del Congreso local aprobaron la despenalización del aborto en Guerrero hasta las 12 semanas de gestación, tiempo que se podrá extender cuando se presenten situaciones denominadas excluyentes de responsabilidad, como un caso de violación. A partir de su entrada en vigor, un aborto será nombrado en el Código Penal como interrupción legal del embarazo.
Tras 19 días de discusión desde que la Comisión de Justicia presentó el dictamen con solo 3 de los 5 diputados que la integran, este martes el Congreso lo sometió a votación y discusión, logrando 30 votos a favor, 13 en contra, 1 abstención y 1 voto nulo, en lo general.
La diputada del PRI y clara opositora a la despenalización del aborto, Julieta Fernández, propuso una reserva a la fracción I del artículo 159 del dictamen para que fuera forzoso que después de las 12 semanas de gestación una víctima de violación o inseminación artificial no consentida tuviera que presentar una denuncia para acceder a la interrupción del embarazo.
Argumentó que en Guerrero suceden violaciones todo el tiempo y el 70% de ellas son del círculo cercano a la víctima, por lo que no “podemos vivir” en un estado en el que no se denuncia. Las bancadas de Morena y PRD rechazaron la propuesta por lo que se mantuvo lo establecido en el dictamen.
Al presentar el dictamen, la diputada Beatriz Mojica Morga, dijo que cumplieron con la legalidad del trámite legislativo.
Argumento que, según el INEGI, Guerrero tiene la tasa más alta de mortalidad materna de México, siendo la principal causa la hemorragia obstétrica, lo que significa que hay procedimientos inseguros y clandestinos que ponen en riesgo la vida de las mujeres; además, expuso que el estado está en los primeros tres lugares de embarazos en adolescentes.
“El dictamen que se presenta ante este pleno sienta las bases para garantizar a las mujeres el derecho a decidir sobre su vida y su cuerpo desde una perspectiva de derechos y no desde el ámbito penal (…) Hoy en Guerrero rompemos con el estigma en torno a la decisión de las mujeres sobre su cuerpo, le decimos a las mujeres que la maternidad es solo por elección, nunca más por obligación”, señaló.
Hoy, Guerrero se convirtió en el octavo estado del país en despenalizar el aborto junto a Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Baja California, Colima, y Sinaloa.
Los cambios
A partir de que el decreto aprobado este martes entre en vigor, una mujer podrá acceder a una interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación sin enfrentar cargos penales.
En el artículo 154 del Código Penal se modificó la definición de aborto, que ahora será llamado legalmente interrupción legal del embarazo (ILE)
El artículo 155 establece la base medular de la reforma permitiendo el acceso a la ILE hasta las 12 semanas de gestación y se reduce la pena de prisión -que era de 1 a 3 años-, a 6 meses a 2 años a quien practique el aborto después de las 12 semanas con consentimiento de la mujer.
En el artículo 156 se establece una pena de prisión de 3 a 8 años a quien practique una ILE sin consentimiento de la mujer en cualquier momento del embarazo, y si hubiera de por medio actos de violencia la pena incrementaría a un periodo de entre 6 y 9 años de cárcel.
El artículo 157 señala que si el aborto lo generara un médico, comadrón o partera, enfermero o practicante, y se hiciera sin el consentimiento de la mujer, además de las consecuencias penales se le suspenderá de su profesión el tiempo que dure la pena en prisión.
Y en artículo 159 se establecen las excluyentes de responsabilidad penal por el delito de aborto, que serían cuando el embarazo sea resultado de violación o inseminación artificial no consentida, sin que se presente una denuncia por ello.
Otra excluyente es cuando de no provocarse el aborto la mujer embarazada corra peligro de afectación a su salud o esté en riesgo su vida, situación que deberá asentarse en un dictamen médico. Tampoco habrá responsabilidad penal cuando un médico especialista, sustentado en estudios científicos, determine que el producto tiene alteraciones genéticas o congénitas que pueden resultar en daños físicos o mentales.
A este artículo se le agregó la fracción V en la que se lee que se exime de responsabilidad penal a una mujer cuando se acredite que una autoridad le negó la posibilidad de interrumpirlo dentro de las 12 primeras semanas de gestación.
El artículo 158 se derogó, el cual hasta hoy señalaba que una mujer sería sancionada con 1 a 3 años de cárcel cuando de forma voluntaria practicara el aborto o consintiera que “otro” la hiciera abortar.
Otra vez, discusión por la forma de votar
Como se ha sido característico de esta legislatura en últimos meses, la forma de votación del dictamen fue motivo de discusión, pues esta vez se cambió por una solicitud firmada por 3 integrantes de la Junta de la Coordinación Política (Jucopo) para que, en lugar de votación económica o nominal, fuera secreta.
Como se tenía previsto desde la semana pasada, los diputados votaron de forma secreta un decreto que en términos normales debió ser mediante votación económica, es decir, a mano alzada, sin embargo, la presidenta de la Mesa Directiva, Flor Añorve, informó que la Junta de Coordinación Política hizo llegar un acuerdo en el que se cambió la forma de votación para que fuera secreta.
El acuerdo solo iba firmado por 3 de los 6 integrantes de la Jucopo: Alfredo Sánchez Esquivel de Morena, Leticia Mosso Hernández del PT y Raymundo Gutiérrez García del PRD.
Según el fundamento del acuerdo de la Jucopo basado en la Ley Orgánica, “la votación podrá ser: nominal, económica o por cédula… Será por cédula cuando se elijan personas a través de una papeleta que se deposita en una urna, por regla general, salvo los casos que la Junta de Coordinación apruebe se vote de una forma distinta, así como las excepciones que se indican en esta Ley Orgánica”.
Las diputadas del PRI, Julieta Fernández y Alicia Zamora reclamaron el cambio argumentando que ni el Pleno, ni la Jucopo ni la presidenta de la Mesa Directiva tenían la facultad de cambiar la Ley Orgánica.
“No permitiremos que diputados voten en lo oscuro, ya violaron el proceso legislativo (…) solicito que se respete el artículo 102 que dice que la votación debe ser económica o nominal”, dijo la diputada Julieta Fernández.
No obstante los reclamos de la bancada de su propio partido, la presidenta de la Mesa Directiva ordenó se hiciera la votación mediante cédula, por lo que no fue posible conocer con certeza cuál fue el voto de cada diputado, aunque por bancada se sabía que Morena iba completa a favor, el PRD también completa salvo la diputada Yaneli Hernández, el PRI dividido con votos a favor de Ricardo Astudillo y Gabriela Bernal, el Partido Verde que se había abstenido en discusiones pasadas, la diputada del PT a favor y la del PAN en contra.
De la discusión
El dictamen generó 8 posicionamientos de diputados en torno al caso, sin embargo, la mayoría de los argumentos ya se habían expuesto a lo largo de 19 días de discusión sobre el tema, tanto en el pleno como en conferencias de prensa y entrevistas.
El diputado del PRI y presidente de la Comisión de Justicia, Jesús Parra García y la vocal de la misma Comisión, la panista Ana Lenis Reséndiz Javier, reclamaron nuevamente que todo el proceso del dictamen, desde su elaboración fue viciado porque fue hecho por tres de los integrantes de dicha Comisión convocados por la secretaría, Beatriz Mojica Morga.
Ambos diputados dijeron que el dictamen está mal elaborado y reclamaron que no se haya seguido el cronograma que solo ellos dos aprobaron para realizar foros y partir de los resultados elaborar un dictamen.
A favor del dictamen se pronunciaron solo diputados de Morena: Citlali Calixto, Nora Velázquez, Antonio Helguera y María Flores Maldonado.
Citlali Calixto señaló que Guerrero es el cuarto estado con mayor número de muertes por aborto del país y la sexta con más muertes maternas entre 2002 y 2017, por lo que tenían la responsabilidad legislativa de armonizar leyes locales en materia de Derechos Humanos en base a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Nora Velázquez argumentó que con la despenalización del aborto reconocen los Derechos Humanos y la libertad de las mujeres para realizar una interrupción del embarazo. Dijo que no se promueve el aborto, el cual será realizado por quien así lo decida.
El diputado Antonio Helguera indicó que el dictamen tiene el propósito de buena fe para que, en el momento que una mujer decida abortar tenga el acompañamiento de la Ley que le permita ser asistida por el sistema de salud.
María Flores Maldonado defendió el dictamen y dijo que la maternidad no puede ser encuestada, en referencia a los foros que pretendían realizar priistas y la diputada panista.
En contra estuvo Julieta Fernández quien volvió acusar que la despenalización del aborto es un negocio impulsado por farmacéuticas y por la iniciativa de la ONU, Spotlight, que buscan obtener beneficios multimillonarios a través del aborto. Según sus cifras, el negocio al que hizo mención, generó 1,700 millones de pesos solo a clínicas de Mexfam en 15 años.