Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
__________________
Han proliferado en el país una serie de encuentros entre grupos de civiles armados y personal de la SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional, donde se aprecian escenas que colocan a estos últimos en una situación que, considero, se contrapone a su mandato de brindar protección, seguridad al pueblo, prevenir los delitos, así como preservar las libertades fundamentales, el orden público y la paz social.
He ahí los más recientes casos, como el de la semana pasada en Nueva Italia, Michoacán, donde el personal militar fue prácticamente corrido del lugar con palabras altisonantes y amenazantes por un grupo de pobladores; así como el hecho acontecido hace unos días en el municipio de Marquelia, Guerrero, donde civiles armados de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, (UPOEG), amenazaron a personal de la SEMAR y le dijeron a un mando que “pensaban atarlo y colgarlo en un puente”, siendo liberado por intervención del presidente municipal del lugar.
Otro suceso en el que también se involucra la UPOEG, fue el acontecido el pasado viernes 13, en la comunidad de Alto Ventura, en San Marcos, Guerrero, donde este grupo impidió que elementos de la SEDENA decomisaran armas de fuego y dinero en efectivo, alegando que los militares irrumpieron en el municipio sin ningún aviso, y de manera violenta; originándose un zafarrancho donde hubo personas lesionadas de ambas partes, ocasionando el retiro de los militares.
Al parecer el hecho de San Marcos trajo como consecuencia la movilización, sobre todo de comerciantes y transportistas, que bloquearon diversas vialidades de Acapulco, por cerca de 5 horas, lo que evidenció una nula respuesta de las autoridades de los tres niveles de gobierno para garantizar la paz, tranquilidad y libre circulación, donde se privilegie el diálogo para la solución pacífica de los problemas; en pocas palabras, hubo ausencia de Estado.
Hay muchos otros casos en el país, como los ya narrados, lo que me resulta preocupante, es que estos acontecimientos son el reflejo de un Estado de Derecho endeble, en el cual, tanto la gobernanza como la gobernabilidad corren igual suerte y lentamente se apartan peligrosamente del escenario gubernativo y social, que de continuar por esa ruta, transitaremos hacía la anarquía, donde se imponga la ley del más fuerte y veamos en el ocaso la función del Estado y lejano el imperio de la ley, ante el fracaso de las autoridades por su incapacidad de brindar solución a las demandas sociales.
No debemos olvidar que se creó el Derecho, precisamente con el fin de regular la conducta arbitraria y caprichosa de las personas, y con el desarrollo de la humanidad, también surgió el Estado de Derecho, término tan trillado por los políticos, que lamentablemente se utiliza más en el discurso demagógico en vez de que adquiera vigencia plena en la vida cotidiana; y Estado de Derecho no es otra cosa, que la convicción del compromiso que deben tener un gobierno y el pueblo en el cumplimiento de la ley, donde se reconozcan y tutelen los derechos humanos; esto pareciera una utopía.
Tan es así que, por ejemplo, en un afán de hacerse a un lado y eludir olímpicamente su responsabilidad política y legal en la atención a la problemática de los bloqueos, la presidenta municipal de Acapulco, refirió que el problema fue en San Marcos y no en Acapulco, que “hay que ser prudentes”, que mejor diálogo en lugar de garrote y refirió que no puede evitar más bloqueos porque la libre manifestación es un derecho establecido en la constitución; sí, pero la señora presidenta y cualquier gobernante debe tener claro que ese no es un derecho absoluto, máxime cuando con esos bloqueos a las vialidades como el viernes pasado, se afectó a miles de ciudadanos.
En cambio, la gobernadora del estado señaló que no se permitirán más bloqueos como el que sucedió en Acapulco, y que se fortalecerá la seguridad pública en el puerto; resulta evidente que esa postura se fija ante la víspera del Tianguis Turístico 2022, en su edición 46, que se desarrollará la próxima semana; pero ojalá se privilegie la seguridad pública de manera perenne, el pueblo lo merece.