Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
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Al estar próximos a “celebrar” el día de la libertad de expresión, es oportuno comentar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se dio a la tarea de elaborar un Diagnóstico sobre el “Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, y abordó la necesidad de una política de estado para la protección a las personas defensoras y periodistas, el cual fue dado a conocer la semana pasada.
Por resultar relevante la información contenida en ese diagnóstico, me referiré a los datos que ahí se difunden.
El 25 de junio de 2012 se expidió la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y se creó el citado mecanismo operado por la Secretaría de Gobernación, a fin de que el Estado atendiera su responsabilidad fundamental de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de los integrantes de estos dos gremios.
Es indudable que el incremento de la violencia ha trastocado a quienes ejercen el periodismo y desde luego que con ello, se vulnera tanto el derecho a la libertad de expresión de los agraviados como a los principios fundamentales de una sociedad abierta, plural y democrática, al provocar espacios de miedo y silencio.
La misma situación de violencia afecta a las y los defensores de derechos humanos, quienes defienden, promueven y protegen los derechos más esenciales de las personas, acompañan a grupos en situación de vulnerabilidad.
Se destaca en el diagnóstico que, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación, actualmente el mecanismo cuenta con un total de 1,518 personas beneficiarias, entre periodistas y defensores, de las cuales 686 son mujeres; y, 832 hombres.
Guerrero tiene un registro de 114 beneficiarios, de los cuales 45 son mujeres y 69 son hombres; desagregando por gremio, las personas periodistas que corresponden a Guerrero son 58, de las cuales 17 son mujeres y 41 hombres; por parte de las personas defensoras de derechos humanos son 56, de las cuales 28 son mujeres y 28 hombres.
A diez años de creación del mecanismo, 10 personas que, aun encontrándose como beneficiarias, fueron privadas de la vida.
Ahora bien, los datos sobre homicidios de periodistas reportados por el referido mecanismo, que abarca los últimos tres años, -de diciembre 2018 a diciembre 2021-, se han registrado 49 periodistas asesinados, cifra que lamentablemente sigue en aumento, de los cuales, 5 se reportan de Guerrero.
Sobre la situación jurídica de esos homicidios, sólo en 5 casos se ha dictado sentencia, lo que significa, de acuerdo con el diagnóstico, una impunidad del 91%; mientras que 37 casos están en fase de investigación, 5 en etapa de juicio y 2 cuentan con resolución de No ejercicio de la acción penal.
En el mismo periodo, los datos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, se reportan 96 asesinatos; siendo seis entidades las que concentran 63 casos, que representa un 66% de homicidios, de los cuales 21 corresponden a Guerrero, que ocupa el nada honroso primer lugar; le sigue Oaxaca con 14, Chihuahua 8, Chiapas 8, Veracruz 6, Michoacán 6, entre otros con menor incidencia.
Sobre el estado de las investigaciones tenemos que 68 casos están en fase de investigación, 26 en etapa de juicio y 2 cuentan con sentencia, lo que se traduce en un grado de impunidad del 99%.
Resalta el documento que no basta con reforzar dicho mecanismo en términos presupuestales ni de funciones, si no se construye una política integral de Estado que necesariamente involucre a autoridades de los tres niveles; y se cumpla cabalmente con el deber de garantizar la vida, seguridad física e integridad personal y psicoemocional de las personas que sufren ataques en el ejercicio de su libertad de expresión.
Me quedo con una relevante propuesta que hace alusión a la implementación de políticas públicas integrales, que aborden el problema desde el punto de vista de la prevención, la protección y la restauración del tejido social local, de tal suerte que se garantice la vida y el desarrollo del trabajo periodístico y de defensa de los derechos humanos; es una justa aspiración, lo que espero se cristalice con los recientes nuevos gobiernos en diversos estados y los que se avecinan en los próximos meses en las entidades del país que tendrán elecciones.