Ángel Galeana/Chilpancingo
El Congreso local fue vinculado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en 11 juicios laborales de 7 municipios y una Secretaría del Gobierno estatal. En algunos casos se le solicita al Legislativo que autorice contratación de deuda.
La Comisión Permanente que sesionó este miércoles dio primera lectura al dictamen propuesto por las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda en el que se rechazan las solicitudes de los Ayuntamientos de Atoyac y Tecoanapa para que se les aprueben partidas presupuestales extraordinarias, aplicación de presupuesto, aprobación de presupuesto y autorización de empréstitos para el pago de laudos laborales, al señalar que es facultad estricta de los Ayuntamientos formular, discutir y aprobar anualmente su presupuesto de egresos conforme a sus ingresos disponibles.
También en primera lectura, las Comisiones proponen en dictamen que para que el Ayuntamiento de Coyuca de Benítez pueda acceder a créditos deberá ceñirse a las bases que aprobó el Congreso para tal situación el pasado mes de mayo, en relación a una vinculación que hizo el Tribunal al Congreso.
En la sesión de este miércoles, el Congreso fue notificado formalmente sobre 11 juicios laborales a los que fue vinculado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pese a que los diputados han rechazado diversas vinculaciones relacionadas con laudos, al establecer que no está en sus funciones autorizar deudas, partidas extraordinarias ni ampliaciones de presupuesto para el pago de los juicios.
De los juicios a los que el Congreso fue vinculado corresponden dos al municipio de Cochoapa, dos a Ajuchitlán, dos a Chilapa, uno a Coyuca de Benítez, uno a Ahuacuotzingo, uno a Tecoanapa, uno a Taxco y uno a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno estatal.
En cuatro de los juicios relacionados con los municipios de Coyuca, Ahuacuotzingo, Taxco y uno de Chilapa, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje requirió al Congreso que establezca las bases para autorizar a los Ayuntamientos la contratación de préstamos cuando se paguen o garanticen con las participaciones o aportaciones federales susceptibles de ser afectadas, de acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal o ingresos propios.
En un juicio relacionado a Chilapa, el Tribunal dice al Congreso que deberá proveer lo necesario para se cumpla un auto de fecha 21 de junio. En el resto de los casos solo se notifica al Congreso que ha sido vinculado.
Los diputados aprobaron omitir las primeras lecturas de forma pública de cada uno de los juicios toda vez que los documentos les fueron turnados previamente para su conocimiento, por lo que se desconocen los detalles, como los montos a pagar en cada uno de los juicios.
Cabe recordar que el 31 de mayo el Congreso rechazó alrededor de 20 vinculaciones que le hizo el Tribunal y solicitudes de Ayuntamientos para el pago de laudos laborales, los cuales ascendían a alrededor de 380 millones de pesos en recursos que se tenían que pagar a los denunciantes.
En términos generales, los diputados señalaron que no es facultad del Congreso la autorización de partidas presupuestales extraordinarias, ampliación de presupuesto y autorización de empréstitos para el pago de laudos y sentencias judiciales, mismo razonamiento que fue presentado en la sesión de este miércoles para los casos de Tecoanapa y Atoyac.