Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Es visitador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
————————————-
En días pasados (3 de julio) se llevó a cabo en Ayutla una reunión en la que estuvo presente el Secretario General de Gobierno de Guerrero Lwduig Marcial Reynoso Nuñez, con el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), y se dio a conocer por el referido funcionario que las autoridades comunitarias aceptaron la depuración de los grupos de la policía ciudadana, y dar credenciales a quienes sean ratificados en asambleas, para que puedan identificarse y coordinarse con los órdenes de gobierno, y así, entrar en un proceso de regularización.
Lo delicado del caso es, que con ese encuentro, de facto se le reconoce como un grupo de civiles armados como si estuviesen actuando dentro de la legalidad, sin un estudio de contexto y un análisis serio; pero el fondo del asunto no es si tienen o no credenciales para identificarse como miembros de esa agrupación, sino que con este tipo de acciones denota, ni más ni menos, como el abandono y la ausencia del ejercicio de las funciones de seguridad pública por parte del Estado, y se delega a este tipo de grupos que, en su gran mayoría, actúan fuera de la ley.
Vale preguntarnos: ¿quién va a expedir esa credencialización? ¿Tendrán el aval del Gobierno del Estado? ¿Luego entonces, serán parte de la estructura de seguridad pública?… francamente no entiendo desde el punto de vista constitucional y legal ese proceder, o tal vez sea una actuación meramente oportunista y de protagonismo político, sin ninguna estrategia en la materia.
Esa organización tiene presencia en poblados que no son indígenas ni afrodescendientes, y sobre esto su líder ha expresado que “no se vale que güeros y mestizos se mueran, estamos obligados a defender a la población…” es decir, este grupo de civiles armados tiene la intención de sustituir o reemplazar a las autoridades legalmente constituidas a quienes les corresponde desarrollar asa indeclinable función, lo que no es correcto.
Aquí es oportuno recordarles a las autoridades, que de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la función de seguridad pública, corre a cargo de la Federación, los estados y los municipios, en sus distintas vertientes de la prevención, investigación, persecución de los delitos, así como la imposición de sanciones administrativas.
Lo más importante que se debe tener en cuenta, es que la seguridad pública es una función estatal indelegable, puesto que únicamente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno citados son las que se encuentran obligadas a garantizar la integridad física, los bienes y los derechos de las personas, así como a preservar la libertad, el orden y la paz públicos; con la salvedad de que las comunidades indígenas y afrodescendientes, en ejercicio de su autonomía podrán organizarse para que de acuerdo con sus usos y costumbres realicen funciones de seguridad en sus comunidades, sin contravenir los principios constitucionales y los derechos humanos.
De igual manera es preocupante que el propio líder de la UPOEG ha aceptado que esa organización está infiltrada por la delincuencia organizada, y el Secretario General de Gobierno ha señalado que hay indicios de que algunos de sus dirigentes tienen nexos con la delincuencia organizada.
Estimo un desatino ese tipo de reuniones como la que comentamos, pues esto da pauta a que también en un sentido de congruencia política, se lleven a cabo reuniones entre el Gobierno del estado con los aproximadamente 25 grupos de civiles armados con presencia territorial en Guerrero, y que según refieren realizan también funciones de “brindar seguridad” a los pueblos, ante la ausencia del Estado en cumplir con esa obligación.
El caso acontecido en la población de Marquelia donde se detuvieron a 8 personas de la citada agrupación, que se encuentran vinculadas a proceso, es un botón de muestra de la gravedad del desempeño de las actividades por parte de civiles armados; y han habido infinidad de desencuentros con personal de las fuerzas armadas, que no sólo pone en riesgo la pérdida de vidas humanas entre éstos, sino que también colocan en una situación de inminente riesgo a la población en general, con resultados que pueden ser de lamentables consecuencias.