Ayotzinapa fue un crimen de Estado, el Ejército tenía información y no actuó: Encinas

Ángel Galeana/Chilpancingo

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, señaló que no hay ningún indicio de que los 43 normalistas de Ayotzinapa estén vivos, y reveló que el Ejército pudo evitar la desaparición de los jóvenes, puesto que estuvo enterado de todos los movimientos, hasta las 10 de la mañana del 27 de septiembre a través de un soldado infiltrado y no actuó.

Indicó que se trató de un crimen de Estado en el que participaron autoridades de los 3 órdenes de gobierno, las cuales tienen responsabilidad por acción u omisión, y reveló que están en proceso de investigación 33 personas entre funcionarios e integrantes de fuerzas armadas que están involucrados en los hechos.

Tras la reunión que sostuvieron padres de los 43 con el presiente Andrés Manuel López Obrador, parte de su gabinete y representantes de organizaciones sociales, Alejandro Encinas informó en conferencia de prensa que fue un encuentro “difícil y doloroso” por los temas que se hablaron. Minutos más tarde dijo que no hay ningún indicio de que los jóvenes estén vivos.  

Reveló que autoridades se reunieron con los abogados del Tomás Zerón de Lucio en Tel Aviv, Israel, el 16 y 17 de febrero de este año, en donde, a petición de los padres de los 43, le ofrecieron un criterio de oportunidad para que regresara a México y colaborara con el caso Ayotzinapa a cambio de beneficios estipulados en la ley, el cual rechazaron. Encinas no abundó en qué consistió el ofrecimiento, solo indicó que la Ley estipula en qué casos se puede establecer un criterio de oportunidad.

“Esperamos que pronto pueda avanzar un acuerdo de colaboración y no esperar el proceso de extradición y se allane a la legislación mexicana los delitos que se le acusa y en caso de colaboración eficaz tener un beneficio de ley”, indicó.

Sobre el paradero de los normalistas, recordó que se han encontrado los restos de 3 de ellos, sin embargo, después de 101 acciones de búsqueda en 7 municipios, análisis de restos óseos en la Universidad de Innsbruk, estudio de 245 cuerpos hallados entre 2014 y 2020 y búsqueda en vida en 177 bases de datos de hospitales, reclusorios, dependencias gubernamentales y privadas como bancos, no han encontrado a los 40 normalistas restantes.

Encinas reiteró que todas las autoridades estuvieron enteradas de lo que pasaba con la normal de Ayotzinapa desde días antes, cuando empezaban los preparativos para el movimiento de contingentes a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México, “tan es así, que (las autoridades) impidieron la toma de autobuses para el traslado”.

También recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía a un soldado infiltrado en la normal, que años atrás ya había sido identificado como Julio César López Patolzin, quien estaba bajo el mando del teniente de infantería, Marcos Macías Barbosa, del 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, pero reveló que el joven envió su último reporte de los hechos “ese día” a las 10 de la mañana y posteriormente desapareció junto a los demás normalistas.

Encinas declaró que los mandos del Ejército no actuaron para salvar al soldado implementando el protocolo para militares desaparecidos, “que de aplicarse hubiera permitido, no solamente proteger la integridad y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”.

En su informe dijo que todas las autoridades sabían lo que ocurría con los normalistas y los ataques en su contra, por lo que tienen responsabilidad por acción, omisión o negligencia, ya que pudieron intervenir en base a la información que tenían para impedir el asesinato y la desaparición de los normalistas.

Conclusiones preliminares.

Alejandro Encinas presentó conclusiones preliminares del caso Ayotzinapa especificando que la investigación continúa. En estos puntos, aseguró que la Fiscalía General de la República tiene información para iniciar o continuar investigaciones a 33 personas involucradas en el caso.

Una reportera preguntó si entre las 33 personas había autoridades municipales, federales, integrantes de la Marina de la Sedena o “tal vez el gobernador de Guerrero o el mismo presidente Enrique Peña Nieto”, al respecto, Encinas dijo que sí hay personajes de todos los sectores que la reportera mencionó, excepto el expresidente Peña Nieto.

En el resto de las conclusiones se señala que en todo momento autoridades de los 3 órdenes conocieron la movilización de estudiantes, desde la salida de la normal hasta su desaparición, y sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como homicidio de otras 6 personas.

Que Guerreros Unidos actuó con un amplio número de sicarios y halcones a partir de un mando central y al menos 3 células de halcones y sicarios con apoyo de policías municipales y agentes del estado; que tras la salida de la terminal de camiones, nunca los estudiantes estuvieron juntos en la desaparición, es decir, nunca estuvieron los 43 en el basurero de Cocula.

Confirmó que mandos militares de la región no hicieron nada para la protección y búsqueda del soldado Julio César López, y que la orden de desaparecer a los normalistas se emitió alrededor de las 10:45 de la noche del 26 de septiembre, sin dar más detalles.

Continuarán la búsqueda de los normalistas en la rivera del Río Balsas y la laguna de Nuevo Balsas, en Atzcala Cocula, en la barranca de Tonalapa de Tepecoacuilco, y en la brecha de lobos y paraje suriana de Iguala.

Numerología

-Han puesto a disposición 41 mil 168 documentos que son analizados, la mayoría de ellos, 17 mil, de la Sedena.

-Más de 100 horas de video del Centro Nacional de Inteligencia con los que la Fiscalía ha podido acreditar actos de tortura a los que fueron sometidas personas para tener las confesiones de la llamada verdad histórica.

– Análisis de 17 mil 20 sesiones de audio y transcripciones que ha permitido seguir a 133 sujetos y tener un seguimiento particular de hechos posteriores a la desaparición de los normalistas.

– Obtención de 9 mil 752 documentos adicionales de la Sedena, Guardia Nacional y Marina integrados a la investigación.

– Desde 2019 a la fecha han realizado 101 búsquedas en 7 municipios de Guerrero que han representado 675 jornadas de trabajo. “De los 3 años y medio de gobierno, el 50% de esos días ha habido búsquedas en campo”, acciones que han tenido 17 hallazgos, 27 cuerpos recuperados, 32 indicios balísticos y prendas de vestir.

-Recuperación de más de 1000 restos óseos, de los cuales 32 fueron enviados a la Universidad de Innsbruk, logrando identificar a 3 normalistas.

-245 cuerpos hallados entre 2014 y 2020 obteniendo 191 perfiles genéticos que permitieron identificar a 30 desaparecidos, de los cuales 16 fueron entregados a sus familias. En ningún caso hubo coincidencia con los 43.

-Análisis de 177 bases de datos de instituciones públicas y privadas como parte de la búsqueda en vida, sin ningún resultado sobre el paradero de los 43.

-Han muerto o han sido asesinadas 26 personas clave para la investigación, 14 eran integrantes de Guerreros Unidos, 3 familiares de integrantes del grupo delictivo, 2 del grupo delictivo Gente Nueva y 7 testigos entre activistas, funcionarios o policías.

-Reconstrucción de una red de llamadas telefónicas entre el 26 y el 28 de septiembre de 2014, resultando un análisis de 87 millones de registros que se depuraron a 84 mil y se ubicaron 17 mil números que tuvieron operación esos días, con las que se demostró el vínculo de entre Guerreros Unidos y autoridades de 3 órdenes de gobierno.

-467 capturas de pantalla que permitieron reconstruir 37 conversaciones de 5 números de teléfono entre 36 actores que participaron en los hechos, quienes refieren a otras 35 personas.

-77 interrogatorios obtenidos bajo tortura de personajes que fueron liberados por un juez de Tamaulipas.

-2 diligencias irregulares firmadas por un ministerio público que estaba en mismo tiempo y lugar en CDMX y en Guerrero.

-4 elementos de violación grave de Derechos Humanos: desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, homicidio y participación de agentes con consentimiento del Estado, y ocultamiento y manipulación de la investigación que “construyeron la verdad histórica”.

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