Ángel Galeana/Chilpancingo
El exgobernador Ángel Aguirre Rivero, el exprocurador Iñaki Blanco Cabrera, el exsecretario de Seguridad Pública del estado, Leonardo Vázquez Pérez y el excoordinador de Proyectos Estratégicos Ernesto Aguirre Gutiérrez, sobrino del exmandatario, fueron los enlaces operativos para desarrollar la “verdad histórica” que construyó el exprocurador Jesús Murillo Karam.
El Informe de la Presidencia y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa publicado ayer, detalló que dicha verdad histórica “es el resultado de una acción concertada del aparato organizado del poder”, en la que participaron autoridades federales y estatales.
El desarrolló de la investigación fue encabezada por el procurador Jesús Murillo Karam, el subprocurador de la SEIDO, Rodrigo Archundia, el encargado de despacho de la misma dependencia, Hugo Ruiz, el titular de la Unidad Especializada en Materia de Delitos contra el Secuestro, Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el director de la AIC, Tomás Zerón.
El informe indica que los enlaces operativos para la construcción de la verdad histórica fueron el almirante Marco Antonio Ortega Siu, quien era jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, el titular de la Unidad de Inteligencia Naval, Eduardo Redondeo Arámburo, el delegado del Cisen en Guerrero, José Miguel Espinoza Pérez, el comisario de la Policía Federal Omar García Harfuch, el comisionado nacional de seguridad, Manelich Castilla, el comandante de la 35 zona militar en Chilpancingo, Alejandro Saavedra y el policía ministerial Carlos Gómez Arrieta.
La trabajadora de servicios periciales de la PGR, Sara Mónica Medina, el director de comunicación social de la presidencia de México, Eduardo Sánchez y el trabajador de la Cenapi, Vidal Diazleal Ochoa.
Del gobierno de Guerrero, el gobernador Ángel Aguirre Rivero, el procurador Iñaki Blanco Cabrera, el secretario de Seguridad Pública del estado, Leonardo Vázquez Pérez y el coordinador de Proyectos Estratégicos Ernesto Aguirre Gutiérrez.
Todos los cargos son los que ocupaban los inculpados en 2014, cuando desaparecieron los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El informe señala que fue el ministerio público federal el que ejerció la conducción y mando de las policías en la investigación del delito, y el que instruyó las acciones que se debían llevar a cabo en la averiguación del delito y sus participantes.
“Las detenciones estuvieron a cargo de policías federales ministeriales, policías federales, elementos de Semar y/o Sedena, quienes permitieron o participaron en los actos de tortura para obtener las declaraciones”.