Ángel Galeana/Chilpancingo
Representantes de Casas de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) e integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dieron a conocer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solicitó al Congreso que subsane inconsistencias relativas a la consulta a pueblos indígenas y afromexicanos que realizó para hacer reformas a la Ley Estatal de Seguridad Pública y a la 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos indígenas del estado.
En conferencia de prensa afuera del Congreso estatal señalaron que el Legislativo hizo una “falsa consulta” a los pueblos indígenas, toda vez que la Suprema Corte notificó que los pueblos no fueron integrados para la elaboración del protocolo para los pasos a seguir.
“El Congreso informó sobre la aprobación del Protocolo para desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe, el proceso de consulta para poder crear y reformar, adicionar o erogar las leyes que impacten en las esfera de derechos a las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos”, instrumento por el cual los integrantes de dicho ente, diseñaron la forma de llevar a cabo el proceso consultivo mediante cinco tapas consistentes en: actos y acuerdos previo; informativa; deliberativa; consultiva y de seguimiento de acuerdos; no obstante, no hay evidencia en autos de que los representantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos hayan sido convocados para participar en la elaboración de dicho instrumento”, se lee en la determinación de la Corte, entre otras consideraciones.
La SCJN dio un plazo de10 días hábiles al Congreso, que se vecen la próxima semana, para que subsane las inconsistencias; al respecto, las organizaciones exigieron que el máximo Tribunal sancione a la legislatura al considerar que no se hizo una consulta con los pueblos originarios, y por tanto, se incumplió con el primer mandato.
Señalaron que otra de las consideraciones de la Corte es que no hubo un acuerdo entre los pueblos y el Congreso respecto a las reformas que se realizaron, lo cual, consideraron es un agravio a los pueblos indígenas.
El representante de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Plácido Dolores, hizo un llamado al Congreso a que convoque a un verdadero diálogo con los pueblos indígenas para una consulta que refleje la opinión de los ciudadanos, y exigió que suspendan el actual proceso.
“Lo expresado por la Corte no es solo es de forma, sino de fondo, el Congreso sigue sin consultar a los pueblos”, reclamó.
Consideró que el máximo Tribunal del país no debió dar una prórroga de 10 días al Congreso para que subsane las fallas, sino que debió sancionar a la legislatura por incumplir con el mandato, que era consultar a los pueblos para realizar las reformas a la Ley de Seguridad.
El exdiputado federal Rubén Cayetano, informó que solicitarán de manera forma al presidente de la Corte, Arturo Zaldivar que circunscriba al plazo que dio el Pleno y “no busque el modo para dar oxígeno a una legislatura que falló”.
En la conferencia también participó el diputado Masedonio Basurto Mendoza, quien ha sido crítico de la consulta que realizó el Congreso. En su participación dijo que el Poder Legislativo se niega a reconocer el poder político que tienen las organizaciones sociales.
Criticó que el protocolo para la realización de la consulta se hizo sin preguntar a los pueblos indígenas y que en el proceso omitieron informar a las comunidades lo que estaba establecido en la reforma de 2018 que fue desestimada por la Corte y los cambios que se pretendían con la nueva legislación.
También dijo que el Congreso aceptó de forma parcial las recomendaciones que hizo la gobernadora Evelyn Salgado sobre el decreto de la reforma a la Ley 701 el pasado mes de junio, sin embargo, no tuvo cambios de fondo, solo de forma.
Los representantes de la CRAC y de Tlachinollan afirmaron que el Congreso tuvo un presupuesto de más de 20 millones de pesos para realizar la consulta, recursos que exigieron sean devueltos dado los resultados que ha tenido.
Señalaron que tienen la convocatoria para que los pueblos indígenas protesten en la Suprema Corte de Justicia para exigir que se “respeten sus derechos”.
A la protesta llegó un grupo de padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y estudiantes de escuela para respaldar el reclamo al Congreso.