Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo.
Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa lanzaron cohetones, bombas de humo y piedras a las instalaciones del Campo Militar 1 con sede en Naucalpan, Ciudad de México, para exigir al Gobierno Federal que ejecute todas las órdenes de aprehensión contra militares implicados en la desaparición forzada de los 43 normalistas.
Luego de un mitin que encabezaron madres y padres de los jóvenes desaparecidos, los normalistas e integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Sociales de México (FECSM) arremetieron contra el inmueble y elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y la Policía de la Ciudad de México que se encontraban en el lugar.
“Fue el Ejército”, “Asesinos” y “Nos faltan 43”, son algunas de las consignas que los manifestantes pintaron en la fachada del Campo Militar 1, como parte de la jornada nacional “ante la deuda de justicia del Estado”.
Tras la acción de protesta, los uniformados agredieron a un grupo de periodistas que se encontraban cubriendo la manifestación a dos días de que se cumplan 8 años de los hechos registrados en Iguala, donde también fueron asesinados los estudiantes Julio César Mondragón Fontes, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo; además de otras tres personas.
Durante el mitin el abogado de las familias de las víctimas, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que “ningún Gobierno tiene derecho ni tiene potestades para decirnos cómo debemos protestar, eso es violatorio de lo que establecen los lineamientos de la libre expresión”.
“Si ellos (los funcionarios) cuando eran activistas sociales su forma de protestar era la resistencia civil pacífica se respeta, es una parte de la visión, es un concepto que se tiene de cómo debe expresarse”, dijo.
Acusó que el Ejército “sostiene a las oligarquías” del país y reclamó que la infiltración del Ejército en la Normal Rural de Ayotzinapa es ilícita, por lo que debería haber una investigación contra el exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda.
Puntualizó que el Caso Ayotzinapa es una de las más graves violaciones a los derechos humanos y el Ejército ocultó información para esclarecer los hechos en estos 8 años, “hay prueba objetiva de que 25 jóvenes fueron ingresados al 27 Batallón de Infantería con sede en Iguala, que varios fueron asesinados ahí y otros fueron torturados y sacados, posteriormente entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos”.
Resaltó que hay pruebas también de que 6 normalistas fueron asesinados por órdenes del excomandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez.
Ante este panorama, los manifestantes exigieron compromiso, disposición y voluntad de las Fuerzas Armadas para que rindan cuentas y sean juzgados, al igual que exfuncionarios estatales de la administración del exgobernador Ángel Aguirre Rivero.