Ángel Galeana/Chilpancingo
La iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado que envió la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al Congreso del estado plantea la desaparición de la oficina del Gobierno en la Ciudad de México, el cambio de nombre en tres Secretarías y una dependencia, la autonomía del Consejo de Políticas Públicas, faculta a la Secretaría General de Gobierno en los asuntos de transporte y vialidad y se las quita a la Oficina del Gobernador; además propone una redacción para garantizar la igualdad de género, en la que no prevalece masculino como titular del Ejecutivo, entre otras.
La iniciativa forma parte de las cinco reformas o propuestas de leyes que Salgado Pineda envío al Congreso local, pero es una de las dos con carácter preferente que los diputados tendrán que dictaminar y votar en los próximos días.
La nueva de Ley de la Administración Pública prevé la desaparición de la Oficina del Gobierno del Estado en la Ciudad de México, aunque no se prevé el despido de los trabajadores, y se contempla la utilización de los bienes que, a partir de la entrada en vigor de la Ley, en caso de ser aprobada, pasarán a formar parte de la Oficina de la Gubernatura, dependencia que actualmente se llama Oficina del Gobernador.
El artículo tercero transitorio de la iniciativa de la Gobernadora establece que el personal al servicio de la oficina en la Ciudad de México está tutelado por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y no tendrán prejuicio en sus derechos adquiridos. Por lo que hace a los recursos presupuestales, mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, y archivo pasarán a formar parte de la administración de la Oficina de la Gubernatura.
La oficina en la Ciudad de México es la representación del Poder Ejecutivo en la capital del país que tiene como fin vincularse y relacionarse con autoridades y la ciudadanía. Entre sus funciones está la de representar a la gobernadora en todos los eventos que determine, promover al estado y realizar gestiones ante organismos públicos y privados, así como apoyar a las dependencias estatales en las negociaciones presupuestales ante instancias federales y comisiones de la Cámara de Diputados, etc.
Otro de los cambios que se propone es el nombre de tres Secretarías. La de Desarrollo y Bienestar Social cambiaría a Secretaría del Bienestar; la de Asuntos Indígenas y Afromexicanos a Secretaría para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos; la de Protección Civil a Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y la Oficina del Gobernador que entra en la categoría de “dependencia” se llamaría Oficina de la Gubernatura.
En la Secretaría de Desarrollo y Bienestar Social solo se contempla el cambio de nombre ya que no hay cambios sustanciales en sus funciones.
En la Secretaría para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos tiene entre sus cambios el diseño e implementación del plan de desarrollo sostenible, con identidad de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a través de una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. También establece que contribuirá a la coordinación con las autoridades competentes a la protección del patrimonio tangible e intangible de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con la promoción de sus productos artesanales y coadyuvar para patentar el derecho de autoría con el fin de evitar su plagio y fomentar su identidad.
En Protección Civil se agregan propuestas para mejorar prácticas y la modernización en materia de tecnologías de la información y comunicaciones que atiendan las necesidades del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil el Estado, apoyado en la operación de plataformas tecnológicas, así como robustecer el Centro Estatal de Alertamiento, y promover en el ámbito internacional el intercambio técnico-científico y académico en materia de gestión integral de riesgos y protección civil.
En la oficina del Gobernador, además del cambio de nombre y la absorción de los recursos de la oficina de la Ciudad de México, se le quitan las facultades que actualmente tiene en la dirección de Vialidad y Transportes, las cuales se le transfieren a la Secretaría General de Gobierno. El artículo 9 de la iniciativa señala que, dado el cambio de funciones, se deberán promover las reformas correspondientes a la legislación específica en materia de transportes, vialidad y concesiones en un plazo de 180 días naturales.
El Consejo de Políticas Públicas que actualmente es considerado una dependencia, pasaría a ser un órgano con autonomía técnica y de gestión del Poder Ejecutivo, sin embargo, mantendría su adscripción de la Gobernadora. Este Consejo contará con un órgano asesor, los comités internos y el personal técnico necesario para el adecuado cumplimiento de sus funciones.
En la propuesta de Evelyn Salgado se plantea que la Secretaría de Contraloría ejerza las facultades que la Constitución local otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante auditorías el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos estatales. El artículo 7 transitorio señala que “los titulares de las secretarías, dependencias, entidades paraestatales y demás instituciones reguladas por esta Ley, que aún no hayan formalizado el traspaso de sus órganos internos de control a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, deberán efectuar el mismo en un término máximo de ciento ochenta días contados a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley”.
En la Secretaría de Seguridad Pública, Salgado Pineda propone que la dependencia se coordine con la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General del Estado para elaborar estudios sobre los actos delictivos no denunciados, estadísticas y mapas delictivos e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito, la erradicación de la violencia y la promoción de la cultura de la paz y el fortalecimiento del estado de derecho.
También plantea la credencialización de los elementos armados en la fracción 18, del artículo 28, el cual señala que entre las funciones de la Secretaría están “organizar, supervisar y controlar los cuerpos de seguridad pública que le estén adscritos, así como elaborar y autorizar los procedimientos para llevar a cabo el proceso de credencialización oficial de los elementos que porten armamento incluido en la Licencia Oficial Colectiva número 110”.
En la Secretaría de Cultura propone eliminar la facultad que tiene la dependencia de crear fábricas de artes y oficios, y la limita a proponerlas a la titular del Ejecutivo, además elimina el Consejo Ciudadano Consultivo que hasta hoy tiene el objetivo de diseñar, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas relacionadas con el arte y la cultura.