Ángel Galeana/Chilpancingo
La Comisión de Justicia de Congreso local aprobó las iniciativas de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por las que se crean la Octava Región de la Sierra y la Ley de Austeridad en la administración pública.
La Comisión sesionó este viernes a puerta cerrada y aprobó ambas iniciativas turnadas por la Gobernadora como parte de su agenda legislativa.
La reunión fue dada a conocer por el propio Congreso, aunque no se detalló si la Comisión realizó cambios a la redacción.
Una de las iniciativas es una reforma al artículo 17 de la Ley de Planeación estatal. En la iniciativa que fue enviada por la Gobernadora solo se agrega la palabra «Sierra» al listado de regiones en las que se divide el estado, pero no hay ningún detalle sobre qué mucipios o localidades la integrarán.
En la exposición de motivos, la Gobernadora señala que en enero de 2015 se realizó una declaratoria para la creación de la Sierra, la cual fue hecha por el exgobernador interino, Rogelio Ortega Martínez.
En dicha declaratoria se contemplan 818 localidades de 14 muncipios para integrar la región, pero tampoco se dice qué localidades. Esta medida no prosperó dado que en los artículos transitorios se especificaba que el Congreso tenía que hacer las reformas necesarias para cumplir con su objeto, lo cual no ocurrió.
Cuestionado sobre la iniciativa el martes pasado, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, señaló que de principio solo se trata de reconocer a la región «y de ahí se tendrán que desprender una serie de tareas, de actividades, de compromisos, de presupuestos que se harán a partir del reconocimiento de esta región».
En la iniciativa la Gobernadora propone crear unidades regionales administrativas en materia educativa, salud, y finanzas, «entre otras existentes en las demás regiones estatales» que «tendrán como finalidad el acercamiento a los servicios y derechos básicos, además de una detonación del crecimiento económico de la región a fin de promover el desarrollo y el bienestar social».
Estas unidades administrativas serán creadas por la Gobernadora a más tardar en 120 días, sin que se especifique si naturales o hábiles, a partir de la entrada en vigor del decreto, «mismas que se integrarán a través de una reestructuración interna de las Secretarías y Dependencias involucradas, por lo que no representarán erogaciones extraordinarias».
La otra iniciativa aprobada en la Comisión es la Ley de Austeridad, en la que la Gobernadora propone racionalizar el gasto público al mínimo necesario.
En el articulado, Salgado Pineda prohíbe la contratación de jubilaciones con recursos públicos, así como la compra de seguros de gastos médicos o de vida. También prohíbe la asignación de escoltas y vehículos blindados a funcionarios, excepto a los de «alta responsabilidad» en seguridad pública o administración de justicia.
Establece que el gasto del Gobierno en difusión y propaganda se ajustará al presupuesto de egresos anual; que solo se autorizarán viajes y gastos en viáticos de tareas estrictamente necesarios y prohíbe la construcción de fideicomisos, fondos o mandatos.
Hasta el momento no se ha informado cuándo se presentarán las iniciativas al Pleno.
Cabe recordar que la Gobernadora envió dos iniciativas de carácter preferente: la relativa a la administración pública y una al Código Penal que busca frenar los matrimonios forzadas.
La propia Comisión de Justicia será la que emita el dictamen en la reforma al Código Penal que es preferente, pero hasta el momento no se ha informado el avance del trámite.