Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que los señalamientos contra el exgobernador Ángel Aguirre Rivero por su omisión en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa están dentro de su derecho a la libertad de expresión, pero si el perredista ejerce acciones legales en su contra responderá de la misma manera.
En entrevista con Réplica, Vidulfo Rosales declaró que “como defensor de derechos humanos tengo el derecho de señalar, claro: fundadamente, expresar y hacer mi denuncia ante los medios públicos de lo que yo considero una injusticia, de lo que yo considero como autoridad le tocó hacer en su momento y no hizo, de lo que yo considero cuál fue el ejercicio de gobierno que él hizo”.
Puntualizó que el perredista “debería tener claro que fue gobernador del estado de Guerrero, ahora es exgobernador y como tal es una figura pública que está expuesta al escudriño público, a la crítica pública; entonces, debe recibir esa crítica que se le está haciendo y no recurrir a la arena penal, a la arena legal para tratar de silenciar las críticas que se vierten en su contra porque entonces lo único que hace es dejar ver su temor”.
Recordó que durante la administración de Aguirre Rivero fueron desaparecidos el presidente Marcial Bautista Valle y la coordinadora Eva Alarcón Ortiz de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, el 7 de diciembre de 2011.
Además fue asesinada la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Rocío Mesino Mesino, el 19 de octubre de 2013; Luis Olivares Enríquez y Ana Lilia Gatico Rómulo de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande, el 10 de noviembre de 2013; y los normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, el 12 de diciembre de 2011.
También se registraron represiones de la Policía Estatal y la Policía Federal contra estudiantes, como el 7 de mayo de 2013 en el punto conocido como Casa Verde, en la carretera federal México-Acapulco, cuando fueron detenidos normalistas de Ayotzinapa; y fueron perseguidos policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, quienes fueron encarcelados en penales de máxima seguridad.
Vidulfo Rosales dijo que Aguirre Rivero “reivindicaba” la figura de Gonzalo Rivas Cámara, el trabajador de la gasolinera que falleció durante la protesta del 12 de diciembre del 2011, y responsabilizó a los normalistas del hecho; incluso, “se iniciaron acciones penales contra los jóvenes producto de ese fallecimiento”.
“Hubo una criminalización” hacia los normalistas de Ayotzinapa, se activaron grupos de choque contra los jóvenes a quienes se referían como “ayotzinapos”, acciones que el gobierno de Aguirre Rivero “lo permitió, lo solapó”.
Ante este panorama, Vidulfo Rosales dijo que el gobierno del perredista “estuvo empañado por una serie de hechos violentos, de persecución, de represión al movimiento social que derivaron en sangre, que derivaron en asesinatos”.
“Él (Aguirre) se jacta de su gobierno democrático, abierto” pero el caso de los normalistas Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría “permanece impune y derivó en la desaparición forzada de los 43”.
El abogado consideró que como gobernador Aguirre Rivero “sabía” que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, estaba coludido con el crimen organizado y aunque reconoció que “es difícil probarlo: son conclusiones, son hechos” registrados por distintas instancias, como Guacamaya Leaks que evidenció esos nexos, al igual que el expediente de Chicago.
Manifestó que la Fiscalía General de la República liberó órdenes de aprehensión contra el exprocurador Iñaki Blanco Cabrera y la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia Estatal, Lambertina Galeana Marín, actores políticos del gobierno de Aguirre Rivero y aunque se cancelaron, el movimiento exigirá su reactivación.
“Si él va a llevar este asunto a los tribunales, yo responderé en esos términos. Hay pruebas, hay datos que incluso han documentado los medios de comunicación. Su gobierno (de Aguirre) estuvo empañado por graves violaciones a los derechos humanos y el Caso Ayotzinapa terminó por arrollar a su gobierno y sacarlo, eso fue lo que nosotros dijimos en Iguala y lo vamos a seguir sustentando”, advirtió.
Añadió que las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos lo identifican como una de las autoridades omisas que no actuó en su momento, “ese peso lo va a llevar todo el tiempo Ángel Aguirre Rivero, lo diga Vidulfo o no lo diga, va a cargar con ese peso histórico, la historia le va a reclamar a Ángel Aguirre Rivero su omisión en el Caso Ayotzinapa”.