Plantean combatir estructuras financieras de grupos delictivos, durante convenio de seguridad entre Guerrero y Morelos

Ángel Galeana/Chilpancingo

Los gobiernos de Guerrero y Morelos firmaron el convenio de seguridad y procuración de justicia para combatir a grupos delictivos que operan en los municipios limítrofes entre ambas entidades, como Taxco, Copalillo, Huitzuco, Buenavista de Cuéllar, Cuatlán del Río, Amacuzac, Puente de Ixtla y Tlalquintenango.

En la reunión, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, señaló que deben combatir las estructuras financieras de los grupos criminales, de lo contrario, advirtió que «nunca» podrán debilitarlos.

En una reunión a puerta cerrada en Casa Guerrero, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado y el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, firmaron el convenio, el cual es el tercero que firma la jefa del Ejecutivo guerrerense, pues antes lo hizo con Michoacán y Oaxaca.

Con la firma del convenio, ambos gobiernos pretenden establecer mecanismos de capacitación, coordinación y colaboración para prevenir y combatir a los grupos criminales con acciones en carreteras y municipios limítrofes entre ambos muncipios.

La gobernadora Evelyn Salgado señaló que la firma del convenio se traduce en acciones de inteligencia, intercambio de información para beneficio de ambos estados contra la incidencia delictiva.

«La violencia no conoce fronteras, la seguridad se debe atender de manera coordinada entre estados, por eso es que formamos el convenio de colaboración que nos permitirá dar certeza jurídica a las acciones de coordinación en materia de seguridad», indicó.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco dijo que con la firma del convenio se marca un avance en la lucha de los estados por regresar la paz, apegados a la estrategia nacional de seguridad, reduciendo el márgen de operación a los grupos delictivos.

Señaló que el estado de Morelos está en disposición de sumar acciones de prevención, investigación, operación y sanción que resulten con la firma del convenio.

Extingir las estructuras financieras

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Luis Jorge Gamboa Olea, puntualizó que se debe agregar a las estrategias de seguridad y procuración de justicia el combate a la estructuras financieras de los grupos delictivos, de lo contratio, advirtió que de nada servirá que se detengan a líderes criminales.

En su intervención, Gamboa Olea señaló que los estados no tienen herramientas para combatir las cuentas y propiedades de los criminales. Recordó que la Ley de Extinción de Dominio aprobada en 2019 señala que todos los estados deben tener en sus Fiscalías unidades de extinción de dominio, y en el Poder Judicial deben ejercer jueces especializados en el tema, pero no los hay.

Consideró que «no tiene caso» que se detengan a cabezas de organizaciones criminales si la propia organización no sufre una disminución en su estructura financiera, como el congelamiento de bienes, vehículos y cuentas. «Es evidente que nunca los vamos a debilitar y nunca vamos a poder en contra de ellos».

«El poder del dinero de las organizaciones criminales contra el que no podemos nosotros muchas veces actuar por las limitaciones que tenemos en el presupuesto. Ambos estados coincidimos en la necesidad de fortalecer los cuerpos de policía, pero nosotros a veces no contamos con ese dinero, pero también tenemos una Ley de disciplina financiera que nos impide crecer como nosotros quisiéramos crecer», comentó.

Gamboa Olea puso a disposición de ambos estados los trabajos que han realizado sobre la extinción de dominio a grupos delictivos. Indicó que el Poder Judicial de Morelos lanzará pronto la primera convocatoria para jueces especializados en extinción de dominio y de actos de investigación.

«Ustedes terminan constantemente con los jueces, requieren de la colaboración de los jueces mas no de la complicidad de los jueces, requieren de la sencibildiad de los jueces, y como lo decía la gobernadora, la pacificación».

Consideró que como funcionarios deben trabajar en los Institutos de Justicia Alternativa para pacificar a la sociedad y reducir hasta un 50% asuntos civiles y familiares en los juzgados.

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