Ángel Galeana/Chilpancingo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que la detención del ex procurador de la república, Jesús Murillo Karam, y el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión, en su mayoría contra militares, son graves intromisiones a la Unidad de Especial de Investigación y Litigación en el Caso Ayotzinapa (UEILCA), lo que puede afectar la continuidad y experticias en el manejo del caso Ayotzinapa.
La CIDH presentó en la normal de Ayotzinapa su Tercer Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al caso, ante padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos.
En conferencia de prensa después de hacer una exposición privada, la Comisión señaló que las graves intromisiones a la UEILCA provocaron la renuncia de su titular, Omar Gómez Trejo y de ministeriales que tenían conocimiento de las investigaciones, lo que hoy afecta a la continuidad y experticias adquiridas.
La relatora para México de la CIDH, Esmeralda Arosemena, dijo que tras la determinación de que el caso Ayotzinapa se trató de un crimen de estado, las autoridades no deben confundir «los necesarios y exigentes límites» que la separación de poderes demanda para hacer justicia.
«En los últimos meses la Comisión levantó banderas de alerta respecto a los eventos que estaban afectando esta independencia de la unidad de la UEILCA sobre su capacidad, su autonomía (…) La solicitud de captura de Murillo Karam por otras unidades fiscales ajenas a la UEILCA, así como la desistimiento de las 21 órdenes de aprehensión de modo inconsulto con esta unidad de investigación, constituyen, intromisiones graves a la independencia funcional que todo órgano fiscal debe tener», señaló.
El ex procurador Jesús Murillo Karam fue detenido el pasado 19 de agosto por una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.
El 25 de septiembre se reveló que el juez segundo de distrito de proceso penales federales del Estado de México, Enrique Beltrán Santes, canceló 21 órdenes de aprehensión que fueron solicitadas por la UEILCA en contra de 16 militares y exfuncionarios de Guerrero, entre ellos, el ex procurador Iñaki Blanco Cabrera y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín.
La cancelación fue a solicitud del agente del ministerio público de la federación asignado a la Unidad de Asuntos Especiales, Isaías Flores Hernández, con el aval de la subdelegado de procedimientos penales de averiguaciones previas y procesos penales del sistema tradicional de la delegación de la FGR en el Estado de México, Elizabeth Sánchez Mirán, y el delegado estatal Julio César Ulises Sánchez Gómez, bajo el argumento de que constitucionalmente el ministerio público tiene el monopolio de la investigación de delitos y la consignación ante autoridades judiciales.
Un día después en la conferencia de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que las órdenes de aprehensión fueron canceladas por funcionarios de la FGR porque sus nombres no estaban en el informe de la Covaj que presentó el subsecretario Alejandro Encinas el 18 de agosto, informe al que el Presidente dijo que dio su visto bueno.
López Obrador dijo en esa conferencia que no se debería actuar para que se repusiera el proceso de las 21 órdenes de aprehensión porque el informe de la Covaj «es el que consideramos válido». El 27 de septiembre se confirmó la renuncia del titular de la UEILCA, Omar Gómez Trejo.
A pregunta sobre si la CIDH ve una intervención política del presidente López Obrador en la UEILCA, la presidenta del organismo, Julissa Mantilla, resaltó que López Obrador firmó un compromiso con los padres de los 43 al inicio de su Gobierno que implicó el establecimiento de la institucionalidad con la Covaj y la UEILCA, sin embargo, reconoció que a últimas fechas tienen preocupación ante los resultados del informe de la Covaj.
«Quizá en su afán de cumplir se empieza, con esta información que no fue corroborada, que además ha sido bastante cuestionada y ustedes ya saben las conclusiones del GIEI, hemos detectado esta situación última con una especial preocupación, porque se están afectando, nosotros no vamos a hablar que hay intención, pero se pueden llegar a afectar la verdad, la justicia y la reparación», indicó.
Por otro lado, Mantilla aclaró que las desapariciones forzadas son violaciones graves a los derechos humanos, y es un proceso continuo de investigación mientras no aparezcan las victimas, por lo que una desaparición no termina por un decreto ni por decisiones unilaterales.
En un comunicado, la CIDH señaló que “continúan los obstáculos en la entrega de información y falta de cooperación en la investigación y judicialización del caso por parte de algunas autoridades estatales, particularmente de las instituciones de seguridad y militares”.
“Al respecto, lamenta que el Estado aún no haya logrado remover estructuras persistentes al interior del aparato estatal que buscaron encubrir los graves hechos ocurridos”.