Guerrero es el cuarto estado con más agresiones a reporteras

Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.

De acuerdo con el informe “Palabras impunes: estigmatización y violencia contra mujeres periodistas en México 2019-2022”, Guerrero es el cuarto estado con más agresiones en contra de reporteras con un total de 42 casos registrados.

El informe elaborado por Comunicación e Información de la Mujer A. C. (CIMAC) “detalla con datos duros la realidad de todas las formas de violencia que enfrentamos las mujeres periodistas mexicanas: las que viven, las que luego de largos meses de amenazas han sido asesinadas, las que han vivido formas de persecución que las escarmentaron para abandonar la profesión, y las que por decir la verdad, como yo, tuvieron que huir, desplazarse forzadamente o exiliarse para seguir vivas”, así lo describe Lydia Cacho en su prólogo.

Mientras que la directora de CIMAC, Lucía Lagunes Huerta, explica en la presentación que el informe “se adentra en el análisis de tres años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha establecido una política de estigmatización contra las y los periodistas que no coinciden con su pensar”.

Del 1 de enero de 2013 al 31 de julio de 2016, primer trienio de Enrique Peña Nieto, CIMAC registró 248 agresiones en contra de las periodistas, en tanto que del 1 de enero de 2019 al 31 de julio de 2022, primer trienio de López Obrador, hubo 767 casos. Lo anterior representa un incremento de 519 casos, es decir, un 209.27%.

En ese mismo lapso, cinco mujeres periodistas han sido asesinadas: Norma Sarabia Garduza, María Elena Ferral Hernández, Lourdes Maldonado López, Sheila Johana García Olivera y Yessenia Aurora Mollinedo Falconi. Los casos ocurrieron en Tabasco, Veracruz y Baja California.

Para Lucía Lagunes las cinco mujeres periodistas asesinadas, al igual que las 767 periodistas agredidas, “son la consecuencia de la falta de una política de protección integral, que rompa los cercos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, hoy no solo rebasado por el ingreso masivo, sino debilitado por la ausencia de visión del Estado”.

El informe indica que las agresiones contra las periodistas se extendieron a 30 de los 32 estados del país —excepto Zacatecas y Campeche—, y la Ciudad de México, con 199 casos, concentra el mayor número, le siguen Puebla con 72, Coahuila con 54 y Guerrero con 42; resalta el hecho de tres de los cuatro estados en los que hay mayor incidencia son gobernados por Morena.

Por otra parte, en Guerrero “existe una presencia de grupos del narcotráfico que se han incrustado en la política de la entidad en colusión con las propias autoridades, además de grupos armados no estatales como las autodefensas o policías comunitarias, lo que genera entre ambos una disputa constante”.

Ante este panorama, “no es extraño que la fuente de sociedad (42.85%) y, en específico, investigaciones sobre seguridad (16.66%), sean las más riesgosos en la entidad para las reporteras (69%) que cubren estos conflictos”.

Los ataques contra mujeres periodistas en Guerrero son perpetrados, en su mayoría, por personas civiles (19.04%), seguidos de integrantes de las estructuras criminales (14.28%).

“Acompañar a los movimientos sociales en un contexto tan complicado como el de Guerrero convierte a las periodistas en blanco de agresiones provenientes de diversos flancos; las amenazas (45.23%) y actos de intimidación (26.19%) tienen un impacto psicológico muy fuerte en las comunicadoras, sobre todo porque estos ataques han precedido los asesinatos de periodistas y activistas en el estado”.

Lo anterior, “deja abierto el debate respecto a la prevención de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pues este tipo de agresiones no son consideradas como delitos”.

Finalmente, CIMAC considera indispensable que el Estado reconozca públicamente la labor de las periodistas “como un pilar para la democracia del país, que cesen los discursos estigmatizantes con el fin de prevenir y contribuir al término de los ataques en su contra, y que garantice su derecho a comunicar libres de violencia”.

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