Ángel Galeana/Chilpancingo
El Congreso del estado exhortó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que «su actuar y los actos que realice se apeguen al marco legal vigente», derivado de un ordenameinto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por haber difundido propaganda gubernamental en período prohibido del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la sesión de este jueves, la Junta de Coordinación Política presentó un acuerdo para dar cumplimiento a resoluciones emitidas en la Sala Superior y en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, en las que se mandató al Congreso para que aplicara la sanción correspondiente a la gobernadora Salgado Pineda, tras resolver que sí difundió propaganda del presidente López Obrador en su cuenta de Twitter en período prohibido, al igual que 16 gobernadores más.
La resolución del Tribunal se deriva de una denuncia que interpuso el PAN ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 14 de febrero del año pasado, por haber difundido un comunicado en apoyo al presidente López Obrador, en el que se destacaban las obras públicas de su adminsitración.
La Jucopo acató el mandamiento formulando un exhorto a la gobernadora para que su actuar sea en el marco de la ley, pero además, los diputados extendieron el acuerdo para funcionarios de los tres poderes del estado.
La Jucopo elaboró el exhorto y no aplicó ninguna otra sanción al determinar que en el estado no hay marco legal que determine cómo sancionar a un servidor público por difundir propaganda de un externo, toda vez que en la entidad solo se establecen los puntos de difusión indebida para obras o programas del gobernante.
«En el orden jurídico de nuestro estado no está previsto de manera Constitucional o legal, un procedimiento o un catálogo de sanciones a imponer a la o al Gobernador en turno, consecuencia de una violación directa a la prohibición de difundir mensajes relacionados con informes o programas de gobierno que no sean los ejecutados o administrados
por ella misma, si no por autoridad diversa, no es posible que proceda a imponer una sanción, por no contemplarse así en los ordenamientos de nuestros respectivos competencia», indica el dictamen elaborado por la Jucopo.
En ese sentido, los diputados señalaron que el acto cometido por la gobernadora no amerita que se le hagan sanciones por responsabilidad política, responsabilidad penal, o responsabilidad administrativa.
Sin embargo, el Congreso señaló que aunque no existe marco normativo para sancionar como ordenó el Tribunal Electoral, no puede ser omiso para dar cumplimiento a lo que se le mandató, por lo que elaboró el exhorto que se aprobó por unanimidad de votos.