Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Fue coodinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
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El Departamento de Estado de Estados Unidos (EUA) publicó el “2022 Country Reports on Human Rights Practices: México”, informe por el que da a conocer las prácticas violatorias a los derechos humanos en nuestro país, relacionadas con hechos graves como la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, entre otras, que se atribuyen al personal integrante de las áreas de seguridad pública durante el año 2022.
De un vistazo realizado a ese informe, se clasifica en varias secciones, en las que se abordan distintas temáticas sobre los derechos humanos relacionados por ejemplo, con el respeto a la integridad de la persona en su modalidad de privación arbitraria de la vida, hechos perpetrados por agentes del estado mexicano; sobre las numerosas desapariciones forzadas generadas por parte de grupos criminales en connivencia con las autoridades; incluso, refiere que las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas por este tipo de delitos fueron raros.
Cita que según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, al 2 de diciembre del 2022, había 108,521 personas desaparecidas en México y se estima que el 90% de las desapariciones ocurrieron después del 1 de enero de 2006; Que durante el 2022 se registraron 9,684 desaparecidos y en el 2021 fueron reportados 9,624.
Señala que a pesar de las prohibiciones legales, continúa la práctica la tortura por los elementos de las fuerzas de seguridad, incluso la admisión de confesiones obtenidas por estos medios ilícitos; de las denuncias por tortura cita que en 43 casos están involucrados miembros de la Guardia Nacional; en 37 la Fiscalía General de la República (FGR); 24 contra la SEDENA y 17 contra la Secretaría de Marina (SEMAR); además de 120 casos por tratos crueles, inhumanos o degradantes, en contra de las mismas autoridades y el Instituto Nacional de Migración.
Que al 31 de octubre de 2022, la FGR estaba investigando 3,040 casos relacionados con tortura bajo el sistema penal inquisitivo (iniciadas antes de la transición de 2016 a un sistema acusatorio) y 818 bajo el actual sistema acusatorio.
También destaca una sección sobre las libertades civiles, en especial, la libertad de expresión, incluso para miembros de la prensa y otros medios; de que cuando en su ejercicio realizan críticas al gobierno, en respuesta los políticos, incluido el presidente de México, desacreditaron y criticaron públicamente a dichos periodistas para presentarlos como parciales, partidistas y corruptos, con una hostil retórica violatoria a los derechos humanos; que este descrédito oficial empeoró a partir de junio de 2021, cuando el gobierno introdujo la sección de «Quién es quién en mentiras», en la conferencia de prensa matutina del presidente, para exponer a los periodistas que supuestamente informaron noticias falsas; incluso hace referencia al hecho de que el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que se debería suspender este segmento, dada la escalada de violencia contra periodistas.
Sobre la investigación de los presuntos abusos de los derechos humanos, se hace mención que los grupos de la sociedad civil cuestionaron la independencia de la CNDH, citando los estrechos vínculos de su presidenta, Rosario Piedra, con el presidente López Obrador; que la CNDH no se pronunció sobre preocupaciones apremiantes como el papel de las fuerzas armadas en las actividades de seguridad pública; y, que las comisiones estatales son financiadas por las legislaturas, son semiautónomas y estaban subordinadas al poder ejecutivo estatal.
En el reciente informe de la CNDH, da a conocer que en el año 2022 se integraron 60,648 escritos de queja y 9,445 escritos remitidos por las comisiones estatales de Derechos Humanos, que representaron un total de 70,093 documentos, de los que 15,942 derivaron como expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos; que emitió un total de 302 Recomendaciones: 264 ordinarias y 36 por Violaciones Graves, así como 2 Recomendaciones Generales.
Tocante a la comisión estatal en Guerrero, ésta reportó en su informe anual que emitió 72 recomendaciones y 81 opiniones y propuestas por violaciones a los derechos humanos.
Lo anterior refleja la preocupante situación que guardan los derechos humanos en México, que los hechos referidos en el informe que se comenta, subsisten en la realidad mexicana y debería tomarse en serio; pero qué pasa, AMLO lo descalifica y refiere que es politiquería, que mienten, y señala que Estados Unidos se cree y asume como el gobierno del mundo; esa postura es un mensaje de trascendencia negativa para las autoridades mexicanas, pero sobre todo, de desprecio y desconocimiento a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Aquí es oportuno citar como botón de muestra que respalda el informe de EUA, los hechos perpetrados por personal militar sucedidos el pasado 26 de febrero, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los que resultaron cinco personas muertas y una lesionada de gravedad, lo que motivó que ayer la CNDH dirigiera la recomendación No. 95VG/2023 a la SEDENA, por las violaciones graves a los derechos humanos a la vida, a la seguridad jurídica e integridad personal, por uso excesivo de la fuerza mediante el uso ilegítimo de armas de fuego.