Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo, Gro.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que se impugnará la sentencia absolutoria a favor del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos.
Consultado vía telefónica al respecto de la absolución que el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito con sede en Matamoros, Tamaulipas, emitió el lunes pasado, el abogado de las madres y padres de los normalistas desaparecidos puntualizó que dicha resolución “tiene un impacto negativo” debido a que revictimiza a las familias de los jóvenes; además que genera impunidad.
“Genera un desánimo para las madres y padres y, obviamente también para la lucha, no son buenas noticias”, expresó.
Sin embargo, reconoció que las sentencias absolutorias a favor de José Luis Abarca, el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, y otros 18 implicados en el Caso Ayotzinapa, se basan en la “mal llamada ‘verdad histórica’” que se fabricó durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
En ese sentido, las exoneraciones “son consecuencias de una investigación irregular, una investigación en la que se usa tortura, en la que se usa detención ilegal”.
Recordó que el movimiento social por la presentación de los 43 normalistas desaparecidos ha cuestionado la versión oficial de los hechos, pero actualmente hay una nueva investigación por lo que espera que las autoridades tomen en cuenta los avances para proceder en contra de los implicados.
Destacó que a la representación legal de las familias de los jóvenes no se les ha notificado oficialmente sobre esta nueva sentencia, por lo que esperarán a recibir el documento correspondiente para impugnarla.
Sobre a la situación actual del Caso Ayotzinapa, el abogado puntualizó que hay un “estancamiento” en la investigación desde que se confirmó la participación del Ejército y la Secretaría de Marina en la desaparición forzada de los estudiantes, así como la manipulación del basurero de Cocula.
Añadió que la relación del movimiento social con el Gobierno Federal “no es buena”, debido a la obstaculización de la investigación por parte de las Fuerzas Armadas que se han negado a “transparentar” la información que tienen del Caso Ayotzinapa.
Finalmente, informó que está pendiente una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien le expondrán sus preocupaciones; “no se trata de que el presidente nos culpe a nosotros de que estamos siendo un obstáculo, ni nosotros estamos diciendo que el presidente está representando un obstáculo”, pero las Fuerzas Armadas impiden llegar a la verdad de los hechos y por ende, a la justicia.