Hipólito Lugo Cortés tiene una licenciatura en Derecho, maestría en Ciencias, Área de Derecho Público, y estudios de doctorado en Derechos Humanos. Fue coodinador de la Oficina en Guerrero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Fue secretario ejecutivo, secretario técnico, visitador general, y presidente del Comité para la Investigación de la Desaparición Forzada de Personas. También se desempeñó como presidente interino en la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero
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Hace ya 25 años, cuando en la madrugada del 7 de junio de 1998, en la escuela primaria Profr. Caritino Maldonado Pérez, en la comunidad de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero, pernoctaron varios líderes indígenas que habían participado en una asamblea en la que se deliberaron asuntos de sus comunidades, fueron sorprendidos por elementos del Ejército Mexicano, quienes accionaron su armas de fuego privando de la vida a once personas, varias con tiro de gracia (ejecución arbitraria o extrajudicial).
Dicha agresión se suscitó bajo el argumento de que pertenecían a un grupo armado (ERPI); en esa acción militar, se detuvo de manera arbitraria y fueron víctimas de tortura poco más de una veintena de campesinos, así como a Erika Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez.
Este caso se encuentra litigando ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH), y se reclama la responsabilidad del Estado Mexicano en los referidos asesinatos, lesiones graves, detenciones arbitrarias, tortura, omisión en su investigación y sanción a los perpetradores.
Con motivo de estos hechos, este día 7 de junio, se lleva a cabo una Caravana que parte de Acapulco a la comunidad de El Charco, en Ayutla, conformada por varios líderes e integrantes de organizaciones sociales, con el fin de conmemorar los ya 25 años transcurridos de este atroz acontecimiento y exigir verdad y justicia.
Otro lamentable caso conmemorado la semana pasada, fue el relativo a la desaparición forzada y ejecución arbitraria del Ing. Arturo Hernández Cardona, hechos sucedidos el 30 de mayo de 2013, y con este motivo se llevó a cabo un Conversatorio en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, promovido por la organización civil “Década Contra la Impunidad, A. C.” al que asistieron Carolina Mena Marchán, María Soledad y Carolina Hernández Mena, viuda e hijas de Hernández Cardona,
Ahí se dio a conocer una semblanza del activista y luchador social, dirigente de la organización “Unión Campesina Emiliano Zapata”, que con su actuar a favor de los campesinos, fue un incómodo para el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien mostró intolerancia a los activistas sociales y a los derechos humanos.
Ese día, 30 de mayo de 2013, junto con Arturo Hernández Cardona, también fueron desaparecidos Felix Rafael Bandera Román, Ángel Román Ramírez, Gregorio Dante Cervantes Delgado, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amate Luna y Nicolás Mendoza Villa, dirigentes de diversas organizaciones civiles, aglutinadas en la “Unidad Popular”, dirigida por Hernández Cardona; y ante este hecho, empieza una movilización social por su presentación con vida, pero lamentablemente al siguiente día, aparecieron los tres primeros privados de la vida.
Se dio a conocer que de acuerdo con el testimonio de los sobrevivientes, fue directamente el referido expresidente municipal de iguala el que ejecutó al Ing. Hernández Cardona, el 30 de mayo de 2013; y que si bien es cierto, que el pasado 16 de mayo de 2023, el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales con sede en Tamaulipas, según la causa penal 100/2014-7, dictó sentencia en contra del expresidente municipal condenándolo a 92 años de prisión; también lo es, que fue por el delito de secuestro, y se quedó corto el citado juez, pues no consideró la desaparición forzada, la tortura ni la ejecución arbitraria.
De igual manera, este caso se está litigando ante la CIDH, pues se considera que Hernández Cardona fue víctima de amenazas, persecución, tortura, detención arbitraria y ejecución arbitraria, lo que no consideró el juez de la causa.
En el referido conversatorio escuché lamentablemente, lo que no resulta grato, pero es una realidad, que Guerrero sigue siendo un polvorín, con un patrón de violencia, un lugar donde se comenten muchos atropellos a la dignidad de la persona humana; y aquí hay dos botones de muestra.
Espero que en los dos casos abordados, el Estado Mexicano reconozca su responsabilidad ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y emprenda acciones concretas de reparación integral del daño, investigación exhaustiva y sanción a los perpetradores, garantías de no repetición, etc., y se evite, sin lugar a duda, dos sentencias más de la Corte Interamericana.