Privilegiando el bienestar de la niñez guerrerense, diputadas y diputados de la LXIII Legislatura aprobaron en el transcurso de este año distintas reformas a ordenamientos jurídicos para erradicar todo tipo de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes, garantizando en todo momento sus derechos y procurando su óptimo desarrollo.
De entre las reformas aprobadas destacan las hechas al Código Penal y a la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, estableciendo agravantes al delito de abuso sexual cometido contra menores de 18 años, y para que se elabore un banco de datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual.
Lo anterior en respuesta a datos alarmantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que coloca a México como el primer país en el mundo en cuanto a índices de abuso sexual contra menores, superando los 600 mil casos.
El informe de la OCDE expone también que solo 100 de cada mil casos de abuso sexual contra menores de entre 5 y 7 años son denunciados; de estos solo 10 por ciento llega a manos de un juez, y el uno por ciento recibe una sentencia condenatoria.
Ante esto, quedó estipulado que a quien comenta violación en contra de una persona menor de 15 años de edad se le impondrá una penalidad de 10 a 40 años de prisión, lo mismo que a quien sin violencia realice cópula con persona menor de 18 años de edad.
Por otro lado, la armonización de la Ley número 812 Para la Protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes del Estado es para otorgar atribuciones al Gobierno del Estado, en concurrencia con la Federación, para que prevea la elaboración de un Banco de Datos que contenga estadísticas con perspectiva de infancia y adolescencia en materia de violencia familiar y sexual contra personas menores de 18 años.
A la par de esto, las diputadas integrantes de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado se han reunido con integrantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), con quienes abordan, entre otros temas, el programa de estrategias para prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados.
Asimismo, como parte de los avances de la iniciativa internacional Spotlight, recientemente se presentó una iniciativa de reformas, adiciones y derogaciones a cinco ordenamientos jurídicos del estado en materia de violencia sexual, con el fin de armonizarlos con los estándares internacionales.
Estas modificaciones complementan el trabajo realizado por la LXIII Legislatura el año pasado, cuando se reformó el Código Penal del estado para prohibir y sancionar conductas relacionados con el matrimonio infantil, y al Código Civil, a la Ley del Registro Civil y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado para crear el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, donde se inscribirá a quienes dejen de cumplir sus obligaciones alimentarias de manera injustificada por más de 30 días, o que hayan sido sentenciados por el delito de incumplimiento de esta obligación.