Atendiendo las necesidades en materia de protección civil, y en busca de salvaguardar la integridad de las familias guerrerenses, el Congreso del Estado armonizó la ley en materia de Protección Civil y aprobó una serie de exhortos a las instancias estatales y federales para que atiendan las deficiencias del rubro.
A principios del año, las diputadas y diputados de la LXIII Legislatura aprobaron la reforma a la Ley de Protección Civil del Estado para sancionar las llamadas falsas, de broma e improcedentes a los números de Emergencia, asegurando el correcto funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Emergencias, con el objetivo de prevenir y sancionar el mal uso de estos servicios.
La reforma plantea también el reforzamiento de las estrategias y acciones preventivas para concientizar a la población sobre el adecuado uso de los sistemas de emergencia, y en esa medida aumentar su eficacia en situaciones de riesgo, evitando la saturación de las líneas telefónicas de los Centros de Atención, y favoreciendo los tiempos de respuesta.
Atendiendo también el problema de los incendios forestales en la entidad, se exhortó al secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado, Roberto Arroyo Matus; al delegado del Gobierno Federal en Guerrero, Iván Hernández Díaz; a alcaldes, alcaldesas y el Consejo Municipal de Ayutla de los Libres para que instrumenten los mecanismos de presupuestación, coordinación y participación ciudadana, con el objeto de prevenir y mitigar el impacto de estos siniestros.
El objetivo es contar con la participación de propietarios y poseedores de terrenos forestales para que, de manera coordinada con las instancias involucradas, integren las comisiones necesarias y coadyuven con las tareas de prevención y combate de incendios forestales a lo largo y ancho de la entidad.
Aunado a los exhortos antes mencionados, el Poder Legislativo, a través de la Mesa Directiva y de la Comisión de Protección Civil, firmó el Convenio Específico de Colaboración Interinstitucional con la Unidad Académica Regional de Educación Superior Zona Centro Campus Zumpango de la Universidad Autónoma de Guerrero, para establecer las bases de colaboración y directrices para la asesoría en materia de protección civil y gestión integral de riesgos, así como el desarrollo de proyectos y trabajos conjuntos en los campos de la docencia, asesoría, investigación científica, tecnológica, ambiental, difusión de la cultura y seguridad.
Además, como parte de las funciones de la comisión legislativa, se logró que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno del Estado obtuviera este año un aumento sustancial en su presupuesto, pasando de 348 millones 021 mil pesos de 2022 a 379 millones 128 mil pesos en el 2023.
Lo anterior fue resultado de un amplio recorrido por las diferentes regiones de la entidad, donde se dialogó con las alcaldesas, alcaldes y directores de Protección Civil municipales para conocer las carencias de sus unidades y, en consecuencia, dotarlas de las herramientas y equipo apropiados, así como la capacitación de sus miembros.
Por último, el pasado 7 de julio, la Comisión de Protección Civil del Congreso, en coordinación con la Uagro, realizó el Foro Estatal “Hacia la revisión del marco jurídico sobre gestión integral de riesgos y protección civil”, un parlamento abierto donde se escucharon las voces del conocimiento, experiencia y datos sobre la ejecución de gobierno, con el firme propósito de lograr un nuevo y actualizado marco legal de gestión integral de riesgos y protección civil, acorde a las circunstancias y necesidades actuales de Guerrero.
Producto de la amplia participación en este foro, se logró la recepción de 109 propuestas, de entre las que destacan la mejora de la infraestructura, equipamiento e insumos en las direcciones de Protección Civil municipales, particularmente en los municipios marginados del estado; integrar el Servicio Profesional de Carrera y mantener a los elementos actualizados en cuanto a teoría y práctica de la labor; inclusión de mujeres en la estructura de gestión de riesgo, además de las asociaciones civiles, de científicos y académicos en el Consejo Estatal de Protección Civil, y abrir la participación de la ciudadanía en los cargos de consultores externos, por mencionar algunos.
También se propone incluir la materia de protección civil en las instituciones educativas; generar sistemas de alertamiento con enfoque sistémico e integral, y conservar y vigilar las cuencas y sistemas de alertamiento locales; integrar redes informativas de comunicación y contar con un Centro Estatal de Investigación para Prevención de Desastres Naturales, entre otros.