Redacción/ Chilpancingo, Gro.
Por unanimidad de votos, el pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE) determinó que el diputado local, Alfredo Sánchez Esquivel, sí incurrió en violencia política en razón de género contra la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Guerrero, Yoloczin Domínguez Serna.
Al respecto, el órgano jurisdiccional local ordenó a Sánchez Esquivel emprender medidas para la no repetición de estas conductas, que ofrezca una disculpa pública a Domínguez Serna, que el legislador sea registrado por dos años en el listado de personas sancionadas por violencia política en razón de género y una multa de 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Este viernes el TEE sesionó para resolver el Procedimiento Especial Sancionador (PES) que promovió la presidenta de la Jucopo contra de Sánchez Esquivel, caso que estuvo a cargo de la ponencia de la magistrada electoral, Alma Delia Eugenio Alcaraz, quien propuso declarar la existencia de la conducta infractora.
En su proyecto de resolución, Eugenio Alcaraz indicó que, analizando el contexto de los hechos denunciados y de las consecuencias derivadas de los mismos, es posible afirmar que hubo un clima sistemático de violencia política hacia Domínguez Serna y que esto impactó en el desempeño de sus funciones como legisladora.
“Esto se desprende cuando se advierte que de manera reiterada, al término de alguna reunión o en algún lugar del Congreso del estado, el denunciado asumía conductas amenazantes y realizaba expresiones denostativas, discriminatorias y amenazantes hacia la denunciante, hechos que al concatenarse genera un alto grado convictivo en este órgano jurisdiccional de las conductas generadoras de violencia política ejercida contra la denunciante”.
En consecuencia, la magistrada electoral propuso tener por acreditado los hechos constitutivos de violencia política en razón de género y dar vista al Congreso local para que, a través de la Mesa Directiva, impongan las sanciones que determine o, en su caso, se ordene a la autoridad pertinente la imposición de la sanción.
De igual forma, propuso imponer medidas de reparación integral del daño, con la finalidad de restaurar los derechos que fueron vulnerados y crear mecanismos a través de los cuáles se prevea la no repetición de las conductas que afectaron a la diputada y que “puedan afectar a otras mujeres”.
Precisó que estas medidas de reparación integral consisten en que Sánchez Esquivel tome dos cursos en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género -cuyos costos correrán a su cargo-, los cuáles deberán orientarse a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, y que deberán llevarse a cabo en algunas de las instituciones especializadas en este tema.
También se ordena al legislador emitir una disculpa pública en favor de Yoloczin Domínguez, lo cual podría hacerse en instalaciones del Congreso, que es donde sucedieron los hechos materia de juicio.
“Así mismo, como medidas de protección preventiva, se propone conminar al denunciado para que en lo subsecuente se abstenga de realizar actos u omisiones que generen violencia o discriminación hacia la denunciante o cualquier persona”.
Otra de las medidas reparadoras impuestas a Sánchez Esquivel es que sea inscrito por dos años en el listado de personas sancionadas por violencia política en razón de género, contados a partir del día siguiente que la resolución cause ejecutoria.
Originalmente, el proyecto de resolución de Eugenio Alcaraz contemplaba que fuera el Congreso quien impusiera la sanción correspondiente como órgano competente para sancionar a un servidor público del Poder Legislativo, sin embargo, las magistradas Evelyn Rodríguez Xinol e Hilda Rosa Delgado Brito, se pronunciaron en la sesión porque fuera el Tribunal quien determinara la sanción que le correspondía Sánchez Esquivel, proponiendo una multa por 200 UMA’s.
De igual forma, pidieron agregar a la resolución dar vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a fin de que en el ámbito de su competencia investigue las conductas denunciadas y resuelva conforme a derecho.
Finalmente, el proyecto de resolución fue aprobado por unanimidad de votos, incluyendo las propuestas de las magistradas que fueron aceptadas por Alma Delia Eugenio.