Ángel Galeana/Chilpancingo
El subsecretario de Seguridad Pública federal, Luis Rodríguez Bucio, exhibió a la jueza que otorgó una suspensión definitiva al ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, prófugo de la justicia y exiliado en Israel, con la que prohíbe a funcionarios de la Secretaría de Gobernación que emitan juicios y lo condenen de manera pública por ser partícipe de tortura y manipulación de pruebas del caso Ayotzinapa.
El funcionario también exhibió a un juez, y a magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito por negar una orden de aprehensión en contra del ex secretario de seguridad pública, Genaro García Luna, por el delito enriquecimeinto ilícito.
Bucio presentó esta mañana el informe de Cero Impunidad, en el que dijo los nombres de jueces que protegen «delincuentes» con sus determinaciones.
Señaló a la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández, por otorgar una suspensión definitiva a favor de Tomás Zerón de Lucio para que funcionarios de la Secretaría de Gobernación «se abstengan de condenarlo ante la opinión pública o de emitir juicio alguno sobre su probable responsabilidad en el caso Ayotzinapa mientras no se acredite un delito, y se debe respetar su presunción de inocencia.
El funcionario dijo que la jueza determinó que si bien las familias de las víctimas tienen derecho a saber del caso, las autoriades se deben abstener de dar información sugestiva hasta que se acredite su responsabilidad.
La determinación de la jueza fue dada a conocer por el subsecretario de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y Justicia del Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, el pasado 27 de septiembre, durante la presentación del segundo informe de la Comisión.
Por otro lado, Rodríguez Bucio exhibió al juez de distrito especializado del sistema penal acusatorio, Genaro Alarcón López, y a los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito, Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcenas Villanueva y Gabriela Ramírez Escobar, por negar una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, acusado de enriquecimeinto ilícito.
Recordó que el pasado 10 de mayo, el juez Alarcón resolvió no otorgar la orden de aprehensión bajo el argumento de que no basta que exista una desproporción entre lo que percibió García Luna como funcionario y su patrimonio, sino que el incremento se debe derivar de actividades ilícitas relacionadas con el ejercicio de la función pública.
Dicha determinación fue confirmada por el el Tribunal Colegiado el pasado 28 de septiembre.