Ángel Galeana/Chilpancingo
El secretario de Seguridad Pública Estatal, Evelio Méndez Gómez, informó que el huracán Otis destrozó el sistema de video vigilancia del C5, el de telecomunicaciones, cuarteles de la Policía y causó daños en el Cereso, de Acapulco, para lo cual, la dependencia requerirá de mil 91 millones de pesos para restablecer su operatividad.
Méndez Gómez compareció ante las comisiones de Seguridady Derechos Humanos del Congreso en una sesión privada, en la que no se permitió escuchar las preguntas planteadas por los diputados ni las respuestas del funcionario. Sólo se transmitió la presentación del informe sobre el segundo año de administración.
El presidente de la Comisión de Justicia, Joaquín Badillo, justificó la sesión cerrada señalando la necesidad de proteger la información por considerarse de importancia a la seguridad estatal y nacional, y atendiendo protocolos de secrecía que establecen instancias federales civiles y castrenses.
En la parte final del informe, Evelio Méndez enlistó los daños que provocó el huracán en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco.
La infraestructura de los equipos de video vigilancia del C5, el sistema de telecomunicaciones, cuarteles de la Policía y Cereso tuvieron daños «que en su mayoría no tienen reparación», llegando a un monto de mil 91 millones de pesos.
En ese sentido, pidió el apoyo del Congreso para que los diputados gestionen recursos extraordinarios para la reactivación «urgente» de los servicios que atienden las llamadas de emergencia y denuncias anónimas de las regiones Acapulco, Costa Grande y Costa Chica, principalmente; además de garantizar los servicios de telecomunicaciones para las operaciones de seguridad de instituciones policiacas y fuerzas federales.
El informe
En su exposición, Evelio Méndez informó que en el segundo año capacitaron a 7 mil 938 policías estatales y municipales, es decir, que al menos el 70% de la fuerza operativa cuenta con capacitación. La Secretaría expidió 4 mil 303 certificados únicos policiales para policías del estado, ministeriales y municipales.
Uno de los rubros que reducen la capacidad policiaca son las medidas cautelares que la policía debe atender. Evelio Méndez indicó que destinaron 210 elementos, 40 patrullas y motopatrullas para cumplir con 255 medidas cautelares para defensores de derechos humanos, periodistas, víctimas, ofendidos y testigos, dictadas por organismos de derechos humanos, autoridades electorales, fiscales y jueces de control, lo que representó a la Secretaría de Seguridad una disminución del 4.7% de su estado de fuerza.
En el segundo año, la policía del estado detuvo a 4 objetivos prioritarios generadores de violencia, liberó con vida a una persona secuestrada, detuvo a mil 40 personas por delitos del fueron común, federal y por infracciones administrativas.
Aseguró 756 kilos de estupefacientes, 10 mil 110 dosis de cocaina, piedra y cristal, lo que costó pérdidas a la delincuencia organizada de 298 millones 179 mil pesos.
La policía también decomisó 189 armas, 232 cargadores, 4 mil 696 balas, 10 chalecos antibalas, 7 granadas de mano, 8 radios, y 124 celulares. Recuperó 279 vehículos y 64 motos con reporte de robo, y aseguró 231 vehículos y 165 motocicletas relacionadas con delitos.
En cuanto a la incidencia delictiva, informó que Guerrero se encuentra a nivel nacional en el octavo lugar en homicidios, noveno en extorsión y trata de personas, 12 en narco menudeo, secuestro y robo a casas, 21 en feminicidio, 25 en violencia familiar, 24 en robo a transporte y 20 en robo a transportistas.
Sobre el sistema penitenciario, indicó que Guerrero está reprobado desde el
2015 a 2022 en el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria que emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos debido a que los Centros de Reincersión del estado son cárceles municipales habilitadas que tienen más de 30 años de construcción, no tienen adecuada infraestructura, personal especializado y equipamiento.