Alina Navarrete Fernández/Chilpancingo
La Procuraduría de Defensa del Menor analiza el caso de los niños que se incorporaron a la Policía Comunitaria en Ayahualtempa, municipio de José Joaquín Herrera, para proceder ante la Fiscalía General del Estado (FGE), así lo informó el director de Gobernación Estatal, Francisco Rodríguez Cisneros.
En conferencia de prensa en Acapulco, el director dijo que la Procuraduría está haciendo un “encuadramiento jurídico” del caso “porque constituye un abuso para los niños armarlos, debemos recordar que no tienen la edad para tomar una decisión en ese sentido”.
Detalló que una vez que concluya el análisis se presentará una denuncia ante la FGE “a efecto de que se investigue y se deslinden responsabilidades y haya una persecución, en el caso de que existan personas responsables por la comisión de esta actividad”.
Aclaró que no se trata de un levantamiento de niños con armas, “es una acción de presión que un grupo de adultos utilizan a estos niños para presionar al Estado ante situaciones que no se justifican”.
Resaltó que hay presencia permanente del Estado, “en su más amplio contexto”, con personal de la Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y FGE; además, en materia de atención social se construyeron calles, salones de clases y otro tipo de programas por parte de la Secretaría de Bienestar.
“No se justifica este tipo de presión, nosotros reconocemos que hay una serie de incidentes que son muy lamentables, pero también somos muy categóricos en afirmar que la acción del Estado ha sido contundente desde que llegó esta administración”, expresó.
Reiteró que se trata de una “presión política” de los líderes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), a pesar del diálogo con el gobierno.
Detalló que un día antes de la presentación de los niños armados, el dirigente Antonino Toribio Gaspar participó en una jornada de búsqueda de la familia desaparecida, “subió al helicóptero de la Policía del Estado a hacer un reconocimiento en la zona”.
Responsabilizó a Antonino Toribio y el dirigente Luis Morales Rojas de impedir que los docentes de la localidad intervinieran en la incorporación de los niños a la Policía Comunitaria; finalmente, dijo que las autoridades velarán por los intereses de los menores y no van a dejar de atender las demandas de la población.