Alberto Gómez/Chilpancingo
Familiares de víctimas que fueron desaparecidas forzosamente y asesinadas durante la época de la Guerra Sucia, protestaron en la Fiscalía General del Estado para exigir la entrega de los restos óseos que fueron exhumados de fosas clandestinas en septiembre de 2023 en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, en la Tierra Caliente de Guerrero.
Se trata de siete campesinos, entre ellos un menor de edad, que fueron víctimas de ejecuciones sumarias entre los años de 1967 y 1974, en el poblado de Los Espadines, municipio de Ajuchitlán del Progreso.
Octavio Gervasio Serrano, representante y asesor jurídico del colectivo de esposas e hijos de desaparecidos de la Guerra Sucia, informó que a seis meses de haber recuperado los restos óseos de esas personas, aún no han sido entregados a sus familiares para darles una sepultura digna.
Informó que los restos recuperados pertenecen a Bartolo Rojas Nazario; Francisco Rojas Nazario; Gervasio Bernardino Román; Eduardo Oviada Ortíz; Apolonio Hernández Bernardino; José Isabel Rojas Bernardino, y el joven Pablo Rojas Terán, de 14 años de edad en esa época.
Dijo que, según la Comisión de Acceso a la Verdad, el retraso para la entrega de los restos se debe a que » son restos de larga data, es difícil llevar a cabo la prueba científica de identificación humana de los restos».
Sin embargo, sostuvo que para ellos hay una certeza de que los restos pertenecen a esas personas por el lugar donde fueron localizados y por otras formas que llevan a la identificación de los mismos.
Después de la protesta, los manifestantes realizaron la entrega de un documento en el área de Oficialía de Partes de la Fiscalía de Guerrero para solicitar que las familias sean atendidas por la titular Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Los restos fueron trasladados a Chilpancingo en un helicóptero el 8 de septiembre del 2023 y posteriormente a la Ciudad de México para sus estudios de identificación, pero hasta el momento no han sido entregados a sus familiares.
En la exhumación realizada del 5 al 9 de septiembre del año pasado participaron la Fiscalía de Guerrero; Comisión Estatal, y Nacional de Búsqueda; representantes de la CNDH; de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas federal y estatal; Guardia Nacional y Policía Ministerial.