Ángel Galeana/Chilpancingo
La Fiscal General del Estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, anunció que solicitará su derecho de audiencia ante el Congreso del estado para transparentar las acciones que realizó la dependencia a su cargo en el proceso legal sobre el asesinato del normalista de Ayotzinapa Yanqui Khotan Gómez Peralta.
Luego de que la gobernadora Evelyn Salgado anunciara esta tarde que removería a la Fiscal, ejerciendo sus facultades constitucionales realizando los procesos administrativos y jurídicos correspondientes, la Fiscal emitió un comunicado en el que dijo respetar los dichos de la mandataria, pero que para ser removida del cargo deben agotarse los procedimientos constitucionales y legales en los que se le permite ejercer la garantía de audiencia y debida defensa.
“Informo que haré valer mi derecho de audiencia ante el Congreso del estado para transparentar las acciones que esta Fiscalía General realizó por los lamentables hechos que derivaron en la muerte de Yanqui “N”, ilícito que se investigó dentro de la carpeta iniciada de oficio el día 8 de marzo del 2024, por el delito de homicidio calificado”, señala el comunicado.
Indicó que la Fiscalía “que encabezo” continuará desempeñando la función constitucional de la investigación y esclarecimiento de los hechos, promoviendo la defensa de los intereses de la sociedad”.
Según lo que establece la Constitución estatal, la Gobernadora tiene la facultad de remover a la Fiscal por causas graves que se prevén dentro de su articulado y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero.
“El Fiscal General podrá ser removido por el Gobernador del Estado por las causas graves previstas en esta Constitución y en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero. La remoción podrá ser objetada por el voto de las dos terceras partes del total de los miembros del Congreso del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso del Estado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción”, señala la Constitución.
La Constitución también señala que: “Los procedimientos para determinar la responsabilidad de los servidores públicos respetarán el derecho de audiencia, se desarrollarán autónomamente, sin que puedan imponerse dos veces, por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza”.
Establece que los funcionarios pueden incurrir en responsabilidades políticas, penales, administrativas y civiles, y para cada una establece procedimientos y sanciones particulares, entre las que se incluyen la destitución.