Suman 273 candidatos en el país que han pedido protección policaca para hacer campañas

Ángel Galeana/Chilpancingo

La Secretaria de Seguridad Pública federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que 273 candidatos a puestos de elección popular han solicitado protección para la realización de campañas, de las cuales, ni una ha sido rechazada.

El registro del Gobierno federal indica que han sido asesinadas 15 personas que estaban participando en el actual proceso electoral, de los cuales, sólo una tenía el registro como candidata.

En la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de esta mañana, la funcionaria dio un informe general, sin detalles, sobre el protocolo de protección a candidatos que implementó el Gobierno federal junto al Instituto Nacional Electoral.

Informó que suman 273 solicitudes de protección, de las cuales aprobaron 270 y 23 fueron canceladas por los solicitantes; en ese sentido, aseguró que ninguna ha sido rechazada, y hasta el momento no cuentan con ninguna pendiente en análisis.

“Estamos haciendo el procedimiento cada vez más rápido para dar seguridad de forma de inmediata”. El protocolo establecía que la protección se daría una vez que los aspirantes obtuvieran la acreditación de candidatos y que hubiera una denuncia ante Fiscalía, según la presentación que hizo el INE a los partidos políticos en Guerrero; sin embargo, Rosa Icela Rodríguez dijo esta mañana que están atendiendo las solicitudes de forma inmediata y sin burocracia.

En lo que va del proceso electoral han sido asesinadas 15 personas aspirantes; una tenía la acreditación como candidata, que era la candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaytán. Asesinaron a 5 precandidatos que ya tenían registro oficial ante sus partidos políticos, y a 9 aspirantes que no tenían registro pero habían manifestado su intención de participar para algún cargo de elección popular.

Rosa Icela Rodríguez indicó que ya hay candidatos a presidentes municipales que cuentan con protección federal, es decir, del Ejército o de la Guardia Nacional, pese a que el protocolo establecía que el Gobierno federal sólo daría resguardo a candidatos federales, como aspirantes al Congreso de la Unión y a gubernaturas.

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